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El gobierno de Michel Temer autorizó la explotación de oro y cobre en unas 4,7 millones de hectáreas de la selva. Ambientalistas advirtieron sobre el impacto nocivo para las comunidades indígenas.
La reserva natural entregada a la minería privada equivale a la superficie de Jujuy (Foto www.viajabonitomx.com)
Unidiversidad / Fuente: BBC y Clarín
Publicado el 25 DE AGOSTO DE 2017
El gobierno de Michel Temer abrió una reserva natural de la Amazonia brasileña para la exclusiva explotación por parte de la minería privada. El lugar, que posee yacimientos de cobre y oro, ocupa unos 47.000 kilómetros cuadrados, equivalente a casi la totalidad de la provincia de Jujuy. Organizaciones ecologistas advirtieron sobre el impacto negativo sobre los pueblos indígenas de la zona.
Mediante un decreto publicado el miércoles 23 en el Boletín Oficial, el gobierno de Brasil autorizó la extinción de una reserva natural de más de 4,7 millones de hectáreas, entre los estados brasileños de Pará y Amapá, para la extracción de oro y otros minerales nobles.
La llamada Reserva Nacional del Cobre y Asociados (Renca) fue creada en 1984, durante la dictadura militar, y estaba reservada hasta el momento sólo para el Estado. La superficie del terreno amazónico es mayor a la de toda Dinamarca o Suiza, y equivalente a casi la totalidad de la provincia de Jujuy.
Organizaciones ecologistas como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) cuestionaron la decisión de Temer y la calificaron como una amenaza potencial para áreas naturales protegidas ubicadas en esa región, así como para la población local. “Habrá un empeoramiento de conflictos agrícolas y amenazas a los pueblos indígenas y las poblaciones tradicionales”, manifestó el director de WWF en Brasil, Maurício Voivodic, en un comunicado emitido por el grupo ecologista.
El Departamento Nacional de Producción Mineral en Amapá intentó minimizar la entrega de tierras, ya que dijo que ninguna de las áreas preservadas está incluida en el paquete de concesiones minerales y que el proceso está bajo control de órganos ambientales.
La iniciativa venía en agenda desde comienzos de este año como parte de las medidas conservadoras impulsadas por el presidente Temer para intentar reanimar la maltrecha economía del gigante brasileño. Desde que asumió el poder en 2016, tras la destitución de Dilma Rousseff, también se multiplicaron las denuncias sobre conflictos entre grandes latifundistas y grupos indígenas.
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