El 29 de febrero pasado comenzó el ingreso de maquinaria al subsuelo de la cocina para su demolición, dos días después se empezaba a destruir una de las paredes del Taller Pan del Borda, inclusive con gente adentro.

A partir del anuncio del cierre del hospital en el año 2008, por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se profundizó el proceso de vaciamiento que, hasta el momento, se expresó en: La disminución de la cantidad de personas internadas (de alrededor de 1500 a aproximadamente a 600), a partir de altas indiscriminadas y traslados a clínicas privadas. Esto no implica ningún cambio: Se pasa de un manicomio público a una lógica manicomial privada, hecho formalizado a través de la Resolución nro. 52 del gobierno porteño con la contratación de clínicas privadas para internaciones prolongadas.

Una triste listas de faltas. Desde hace tiempo, los trabajadores y familiares de los pacientes, viene denunciando la falta de insumos, personal y cierre de servicios. Falta de gas desde hace un año y agua en algunos servicios. Medicación de mala calidad y sobremedicación. La jueza Andrea Danas, en  mayo de 2008, hizo una advertencia a la gestión en la cual le  dio 20 días de plazo al gobierno porteño para presentar un plan de obras para reparar todas las fallas de infraestructura y seguridad que tenía el edificio, pero la gestión PRO apeló el fallo, y desde entonces, el expediente duerme un inexplicable letargo en la Sala II de la Cámara de Apelaciones de ese. En mayo de 2009, un informe de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, había alertado que gran parte del hospital “presenta tendidos eléctricos con cables de tela a la vista y sin disyuntores, que producen una situación de peligro generalizado”. En los baños, la peligrosidad empeoraba porque “los termotanques se hallan allí adentro y evacuan los gases de la combustión dentro de los ambientes”. El pasado Incendio en el servicio 8, donde murió una persona. La omisión de la advertencia de la jueza y el informe de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal hizo posible que el 6 de abril del 2011 se produjera un incendio en el Servicio 8 de Terapia a Corto Plazo del Hospital Borda donde murió carbonizado el paciente Franklin Guarachi, con un diagnóstico de “retraso mental con drogadependencia. Luego el 31 de mayo del mismo año, se produjo otro incendio, esta vez en la ex Unidad nro. 20, donde murieron dos personas. Posteriormente se produjo el cierre y trasladaron esta cárcel psiquiátrica a la unidad penitenciaria de Ezeiza, por decisión del gobierno nacional. Y la lista de decesos lamentablemente no termina ya que el Hospital cuenta con numerosas muertes por abandono de persona.

Todas estas acciones no sólo violan la ley nro. 448 de Salud Mental de la CABA y la ley nacional nro. 26657 de Salud Mental, sino que también dan cuenta de la intención del gobierno de Buenos Aires de vaciar el hospital para concretar el negocio inmobiliario del Centro Cívico en las tierras de los hospitales Borda, Moyano, Tobar García, Rawson y Talleres Protegidos, en vez de invertir en la salud pública.

Para adherir a la lucha que llevan tanto profesionales, familiares, como pacientes del Hospital, enviar un mail a la dirección: vuelvebordaenmovimiento@gmail.com