El juez Claudio Bonadio está a punto de decidir la situación procesal de más de medio centenar de acusados en la causa que investiga los cuadernos de las coimas. Esta estructura delictiva, como la definió el fiscal Carlos Stornelli, contó con el “aporte imprescindible” de empresarios de diversos sectores. Gran parte de ellos se acogieron a la figura del imputado colaborador. Pero esto no los eximirá de un procesamiento como partícipes de una asociación ilícita lo que tendrá impacto en el mercado donde se desenvuelven sus firmas. Si alguno obtiene la falta de mérito, el fiscal de la causa apelará la situación.

De los 52 imputados, es probable que todos sean procesados como partícipes necesarios de una asociación ilícita que comandó Cristina Kirchner. En dicha estructura Julio De Vido y Roberto Baratta están acusados por el fiscal Stornelli, como organizadores de la maniobra.

A la fecha hay 19 “arrepentidos”, que en su mayoría son empresarios, ex integrantes de la Cámara de la Construcción, directores y ejecutivos de firmas energéticas, de concesionarias del Transporte. Todos coincidieron en un punto: realizaron pagos de coimas a ex funcionarios Kirchneristas. Algunos brindaron más detalles respecto a las sumas de dinero implicadas, la estructura de pagos, cómo ese sobrecosto se reflejaba en las licitaciones que después pagaban.

Pese a haberse arrepentido, los empresarios admitieron ser parte de la estructura delictiva, “lo que no los exime de sus responsabilidades a la hora de evaluar su situación procesal, porque fueron partícipes de la maniobra”, explicó una fuente judicial a Clarín.

Recién tras el juicio oral los arrepentidos podrían recibir algún tipo de beneficio por haber aportado información valiosa para el desarrollo de la causa.

Al analizar el rol de cada empresario, en la Justicia señalaron que se debe determinar “la responsabilidad de cada uno”, entonces se distinguió entre aquellos empresarios con mayor llegada al Poder Ejecutivo que posibilitaron que se ponga en marcha el sistema de recaudación, como Carlos Wagner como ex presidente de la Cámara de la Construcción, o Gerardo Ferreyra de Electroingeniería “quien tenía línea directa con los ex Presidentes”, indicaron fuentes de la causa.

Si el juez Bonadio entendiera que a algunos empresarios se los podría dictar la falta de mérito, Stornelli está decidido a apelar. Para el representante del ministerio Público Fiscal todos tuvieron un rol que los implica en las acusaciones.

En esta primera etapa, la acusación recaería sobre todos los investigados y quienes debieron declarar -en dos oportunidades-, ante la Justicia, como integrantes de un “aparato complejo desde el Estado”. Al respecto el fiscal de la causa, indicó que esta maniobra mostró la existencia de "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados” por el matrimonio Kirchner y ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal”.