En la tarde del 28 de julio la Cámara de Senadores de Bolivia alcanzó los votos necesarios para sancionar el proyecto de Ley de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación. El mismo fue elaborado con el fin de “optimizar los servicios en el sector y garantizar una distribución equitativa de los mismos”, según reza en su letra. Ahora sólo resta que sea remitido al Ejecutivo para su consiguiente promulgación.

Se trata de un significativo avance en materia de derechos en ese país, ya que se guiará bajo los objetivos de garantizar el  “uso eficiente” del espectro radioeléctrico, el uso apropiado del comercio electrónico, la sanción de delitos informáticos y sobre todo la promoción del libre acceso a la información.

El presidente de la Cámara Alta del Parlamento boliviano, René Martínez,  explicó luego de la aprobación que el debate legislativo tomó dos días y fue de “gran intensidad”.

Sin embargo esto no imposibilitó que la iniciativa no solo haya alcanzado el visto bueno por parte de la mayoría de los senadores bolivianos, sino que además no haya sufrido modificaciones. Lo que finalmente provocó múltiples manifestaciones de satisfacción por parte de las distintas organizaciones sociales que frente a los intentos de deslegitimación que sufrió la iniciativa por parte de sectores empresariales, no declinaron en su defensa.

La Ley equitativa

“La medida ofrece una visión integral de la comunicación en Bolivia”, aseguró Martínez como forma de explicar por un lado el por qué de tanto repudio por parte de las corporaciones que verían peligrar paulatinamente su hegemonía sobre prácticamente la totalidad de las frecuencias radiodifusoras de ese país;  y por otro, la activa defensa de los sectores sociales que pretenden una distribución más equitativa.

Es que en concreto la nueva norma establece que las frecuencias de radiodifusión se dividan en un 33 por ciento para el Estado, igual cantidad destinada al ámbito comercial, 17 por ciento para el sector social comunitario y similar porcentaje a los pueblos indígenas originarios y campesinos.

El presidente de la Comisión de Planificación, Política y Finanzas, Marcelo Elio precisó días antes de la sanción ante Prensa Latina, que la medida se basa en el acceso universal que deben tener los bolivianos al servicio, la calidad y la continuidad de las bondades de las telecomunicaciones.

En este punto es necesario resaltar la implicancia de la nueva ley en un país que ha sido considerado internacionalmente como el que “mayor brecha digital presenta en Latinoamérica”.

Pese a que no se trata de una ley de medios, las corporaciones del sector empresarial ligado a este rubro, intentaron por todos los medios deslegitimar la medida durante el tiempo que llevó su discusión parlamentaria. Seguramente anticipándose a las intenciones oficiales de elaborar en el futuro cercano un proyecto de comunicación que esta vez sí legisle sobre los contenidos.

También cabe destacar que en su elaboración, la iniciativa gozó de los aportes y observaciones de los distintos sectores sociales involucrados en el tema.

De esta manera Bolivia se suma  a la tendencia latinoamericana de impulsar la democratización de las comunicaciones, en la que Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de nuestro país es, sin dudas, el modelo a seguir. Tal como ha sido reconocido por especialistas de la materia a nivel mundial.