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La justicia de San Pablo ordenó paralizar su patrimonio personal, los del instituto Lula y los de la empresa L.I.L.S., encargada de la gestión de conferencias, para garantizar la cancelación de cerca de 30 millones de reales, unos 8,8 millones de dólares, con el Estado.
Lula Da Silva. Foto publicada por gestion.pe.
Unidiversidad / Fuente: Télam
Publicado el 11 DE ABRIL DE 2018
Un tribunal brasileño decretó el bloqueo de los bienes del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, su instituto y una de sus empresas para el pago de una deuda millonaria, reveló hoy, miércoles 11, su defensa, que impugnó la medida. La justicia de San Pablo ordenó paralizar sus bienes personales, los del instituto Lula y los de la empresa L.I.L.S., encargada de la gestión de conferencias, para garantizar el pago de una deuda de cerca de 30 millones de reales (8,8 millones de dólares) con el Estado.
La defensa de Lula señaló en un comunicado que en el marco de la operación Lava Jato se quiere retirar al expresidente "cualquier posibilidad de defensa al privarlo de sus bienes". Según el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, "el expresidente no tiene los valores indicados en el documento y la decisión del bloqueo fue impugnada por recurso", informó la agencia de noticias EFE.
"Además de imponer una condena sin base legal y privarlo de la libertad en un ataque a la presunción de inocencia, la Operación Lava Jato quiere retirarle a Lula cualquier posiblidad de defensa y privarlo de sus bienes personales para garantizar una deuda tributaria aún en discusión en el ámbito administrativo y que no tiene relación con los valores reales que fueron donados al Instituto Lula", precisó el letrado.
"Ni el instituto, ni Lula, ni Paulo Okamotto (presidente del instituto) tienen 30 millones de reales", dijo en un comunicado la organización dirigida por el exmandatario.
Lula se encuentra preso desde el sábado en la sede de la Policía Federal de Curitiba para cumplir una pena de 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero dictada por el juez Sergio Moro. La defensa considera que la condena contra Lula no tiene "base legal" y que su prisión vulnera la "presunción de inocencia asegurada en la Constitución".
Desde su encarcelamiento, Lula tan sólo ha recibido la visita de sus abogados. Moro, entre otras restricciones, le prohibió ayer la visita de nueve gobernadores de estado, tres senadores y un líder del Partido de los Trabajadores (PT). También le denegó la petición de cambio de centro de detención, luego de que Lula denunciara falta casi total de luminosidad y espacio para realizar sus ejercicios físicos regulares.
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