Habrá subas en los precios de los biocombustibles: cómo impactará en la nafta y el gasoil

Sociedad

"Con el fin de asegurar un adecuado análisis y debate parlamentario del citado proyecto, sin afectar las distintas etapas que integran la cadena de valor del régimen en cuestión, permitiendo la continuidad temporaria del régimen hasta ahora vigente, se considera necesario extender el plazo originalmente previsto hasta el 12 de julio de 2021", señala la norma.

La iniciativa que se encuentra para su debate en la Cámara de Diputados lleva la firma de 15 diputados, encabezados por el presidente de la comisión de Energía y Combustibles, Omar Félix. La propuesta contempla que la nueva norma tenga vigencia hasta 2030, con la posibilidad de una prórroga de 5 años una vez concluido el plazo inicial.

El proyecto tiene como reformulación sustancial al régimen vigente, que establece un corte obligatorio del 5 % en el caso del biodiésel, cinco puntos porcentuales menos que el 10 % vigente hoy. No obstante, se podrá elevar ese porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente la autoridad de aplicación en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales, o por razones ambientales o técnicas. De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta el 3 % cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor o ante situaciones de escasez de ese combustible por parte de las empresas elaboradoras.

Con respecto al bioetanol, la legislación propuesta mantiene el corte nominal actual del 12 % y establece que, en el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6 % de la mezcla mínima obligatoria, el mismo porcentaje establecido para el de caña de maíz. En ambos casos, también se podrá elevar el referido porcentaje nominal o bien reducirlo hasta el 3 %.

En tanto, el artículo 14 establece que los precios deberán cubrir los costos de producción, ya que "las metodologías de cálculo de los precios de los biocombustibles deberán garantizar una rentabilidad determinada por la misma, considerando los costos de los principales componentes de su elaboración y el precio para producto puesto en su planta". Por otra parte, el proyecto contempla beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).

Estas líneas principales del proyecto fueron anticipadas por el secretario Martínez el 22 de marzo pasado, cuando concurrió a la Cámara Baja, en momentos en que aún se analizaba la posibilidad de sancionar la prórroga sin modificaciones, con base en el proyecto votado por el Senado. En aquella oportunidad, Martínez destacó que se debe diferenciar a las pymes y empresas integradas de los grandes grupos, al señalar que se tiene que tener en cuenta "la protección de aquellos a los que en 15 años de régimen no les alcanzó para desarrollarse". Especialmente, remarcó la distinción necesaria que debe hacerse entre los diferentes tipos de cultivos que participan de la producción, como es el caso del bioetanol elaborado a partir de la caña de azúcar que, a diferencia del maíz y la soja, carece de un mercado de exportación.

Para el oficialismo, además de tener en cuenta la situación de la caña de azúcar, un nuevo marco normativo deberá también tener en consideración los posibles vaivenes en la cotización de los commodities y encontrar algún tipo de esquema de equilibrio que evite afectar el costo de vida.

Luego de 15 años de vigencia, la necesidad de asegurar un nuevo marco normativo generó un amplio debate entre productores de biocombustibles, que reclaman la continuidad del régimen y el incremento de los cortes a niveles superiores del 20 %, y las petroleras refinadoras de naftas y gasoil, que pedían mayor flexibilidad al respecto. De la misma manera, se hicieron sentir en los últimos meses la posición de las provincias productoras de hidrocarburos y las productoras de biocombustibles, que reclamaban por las inversiones y la generación de empleo que cada industria conlleva en sus distritos.