Un grupo de integrantes de la Asamblea Jáchal no se toca recorrerá 1.400 kilómetros en bicicleta, para reclamar a los legisladores nacionales que no modifiquen la Ley de Glaciares.

La decisión, que votaron en el seno de la Asamblea,  fue anunciara por una de sus integrantes, Marcela Alonso, al portal de noticias El dedo en la llaga.

Alonso explicó que votaron a favor de esta bicicleteada, porque es la única forma de luchar que tienen contra el proyecto de reforma a Ley de Glaciares. Recalcó que ni los legisladores ni los funcionarios de su provincia los apoya, sino que “son parte de la multinacional” Barrick Gold, responsable del emprendimiento Veladero, desde donde se produjeron derrames de solución cianurada.

La asambleísta explicó que realizarán postas de 200 kilómetros por día desde Jáchal, hasta llegar a la plaza de los dos Congresos, donde tienen previsto arribar el 27 de febrero.

Alonso explicó al mismo portal de noticias, que la bicicleteada es la única forma que encontraron de protestar y de peticionar ante los legisladores nacionales para que no modifiquen la ley de Glaciares, que entre otros aspectos prohíbe diversas actividades como la minería, donde están asentados esos cuerpos de hielo.

Distintos funcionarios del Ejecutivo nacional, explicaron en reiteradas oportunidades que existe un proyecto de ley que busca modificar la ley que protege esos reservorios de agua.

Ambientalistas alertan sobre cambios en la Ley de Glaciares para favorecer a mineras

Las organizaciones Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas se expresaron nuevamente ante las versiones de los planes del Gobierno nacional de modificar la Ley de Glaciares par ...

Las causas judiciales

Luego de los derrames en la mina Veladero, que opera canadiense Barrick Gold, se abrieron dos causas judiciales. La primera en la provincia de San Juan, que no tuvo avances y donde fueron sobreseídos los empresarios de la firma y ni siquiera se llamó a declarar a los funcionarios sanjuaninos, siendo los únicos imputados por la contaminación del agua siete obreros del más bajo rango de la compañía. La segunda causa se inició en la Justicia federal, donde el juez Sebastián Casanello procesó a siete personas, entre ellos funcionarios de Medio Ambiente y al investigador principal del Conicet, Ricardo Villalba.