A Joaquín de Rosas, como Fiscal de Estado, lo acusaron de "mal desempeño en sus funciones" por favorecer intereses privados. Al juez de la Corte Carlos Böhm, también.

A De Rosas lo condenaron por esa acusación. A Böhm, no.

De Rosas benefició con sus dictámenes a la familia Vila.

En cambio, al Grupo Vila-Manzano le interesaba que Böhm fuera enjuiciado porque el juez podría perjudicar al holding con sus fallos en causas laborales.

El enjuiciamiento de De Rosas fue impulsado por los legisladores Patricia Gutiérrez y Gustavo Valls; ella, de Unidad Popular (aliado del PJ) y él, del massista Frente Renovador.

El pedido de enjuiciamiento de Böhm también fue impulsado por los mismos legisladores.

Las pruebas presentadas contra De Rosas resultaron contundentes para los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, que estudió el caso de la compensación entre la confiscación de terrenos de Vila con la deuda que la empresa Dalvian tenía con el Estado por créditos impagos de los exbancos oficiales. De Rosas fue condenado por el Tribunal de Enjuiciamiento por 16 votos a favor y dos votos en contra.

Las pruebas contra Böhm fueron siempre discutibles; los análisis jurídicos a favor o en contra del juez supremo nunca fueron puestos en el contexto real, en el que los multimedios condicionaron cualquier estudio serio del caso. Es decir, fueron evaluaciones sobre las denuncias pero jamás se ponderó el contexto político y la incidencia de actores velados, como son los multimedios que vieron en Böhm un enemigo a sacar de pista como ejemplo de escarmiento para quienes osaran ir en contra de los intereses corporativos.

En el enjuiciamiento contra De Rosas se analizó el comportamiento de un funcionario que debía actuar de acuerdo a derecho resguardando el interés público, sin que detrás hubiera una segunda intención de beneficiar o perjudicar a algún sector. En realidad, se trató de un enjuiciamiento a quien actuó en connivencia con un grupo económico.

A Böhm se lo acusaba de favorecer a una jueza amiga, quien reclamó una indemnización laboral millonaria. En realidad se trató de una maniobra para expulsarlo de la Corte por estar a favor de los reclamos salariales de los trabajadores de Prensa, que exigen que se aplique el convenio de trabajo. Por eso los multimedios fueron los interesados en que el proceso de enjuiciamiento prosperara; en especial, el que muestra esa frustración es el holding Vila-Manzano a través del título con tono acusatorio hacia el peronismo. "El PJ salvó al juez Böhm del juicio político".

Ayer, un día después de la condena a De Rosas, la Cámara de Diputados rechazó el pedido de juicio político al juez. En realidad no se lograron los votos necesarios para que avanzara el proceso. 

De acuerdo al texto constitucional, para que este tipo de procesos avancen se debe obtener por lo menos 32 votos de los 48 integrantes del cuerpo parlamentario en la Cámara Baja.

El proceso de enjuiciamiento a De Rosas duró un año y medio, pero terminó siendo consistente y llegó a su final.

En cambio, el caso de Böhm duró cuatro meses, se cayó por su propia inconsistencia y por la muy mal disimulada operación de los multimedios, denominada entre los trabajadores de prensa como “el embate de los CEOs”.