La imagen se repite: los obreros arrancan los viñedos, el maquinista alisa el terreno con la topadora, los albañiles construyen el arco de ingreso, encierran la zona entre paredes y el lugar empieza a poblarse. La instalación de barrios privados en Mendoza es un proceso que se inició en los 90 y creció en forma exponencial. Un proceso que no es bueno ni malo en sí mismo, pero que desde la visión del ordenamiento territorial tiene consecuencias negativas: la fragmentación;, las dificultades de conexión; la obligatoriedad de brindar servicios donde no estaba previsto hacerlo; el emplazamiento en zonas riesgosas, tanto para sus habitantes como para sus vecinos, y la afectación del cinturón verde, un bien económico y ambiental.

Esa fue la visión que aportaron la directora del doctorado en Ordenamiento Territorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO y coordinadora por América Latina de la Red Iberoamericana de Observación Territorial, María Elina Gudiño, y la vocal por el Ejecutivo en la Agencia de Ordenamiento Territorial, Nadia Rapali.

Las profesionales evitaron las posturas maquineas. Dijeron que este es un modelo de urbanización que se expandió en América Latina y que es muy demandado por los ciudadanos, entre otro aspectos, ante la inseguridad. El problema, explicaron, es que su proliferación no se puede regir por normas que van cambiando, por intereses privados, de las comunas y de los distintos estamentos que aprueban su realización.

Sin reglas claras

En Mendoza, estos emprendimientos se anclaron especialmente en el piedemonte, en el llamado cinturón verde y en la primera zona vitivinícola, es decir, en Las Heras, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Luján de Cuyo. En menor escala se replicaron en los departamentos del Valle de Uco y del Sur.

Gudiño y Rapali coincidieron en que la expansión se concretó con un denominador común: la ausencia del Estado como planificador, como actor fundamental para equilibrar los intereses en pugna y para establecer reglas claras, sustentadas en un plan a largo plazo y no en las visiones caprichosas de un funcionario. Estos emprendimientos ni siquiera tenían un encuadre normativo hasta que se incluyeron en el nuevo Código Civil y Comercial, aunque aún es necesario elaborar leyes específicas.

Gudiño y Rapali están convencidas de que no tiene sentido lamentarse por la situación actual. Dijeron que después de muchos diagnósticos es la hora de hacer, de ordenar el proceso.

El plan, una herramienta

Mendoza ya cuenta con una herramienta que es el puntapié inicial para guiar el proceso: el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT), que se reglamentó este año y que brinda a las 18 comunas los lineamientos para elaborar sus propias planificaciones, que deben estar listas en los primeros meses de 2019.

Rapali explicó que este instrumento es clave porque obliga a las comunas a zonificar. Es decir que, con base en una planificación a largo plazo, deben determinar cuáles son sus zonas urbanas, cuáles las rurales y cuáles las de interfase (donde conviven distintos usos). Este aspecto es determinante, porque la ley obliga a profundizar la urbanización en los sectores destinados a ese fin pero, al mismo tiempo, impide avanzar sobre los productivos, salvo que exista un dictamen conjunto de distintos organismos.  

“El problema que tenemos hoy en Mendoza tiene su base en que durante los 90 el Estado no tomó su rol de planificador, se dejó muy librado al mercado, sin reglas. Ahora hay que manejar la situación, porque si vemos lo que han generado en Mendoza, en la mayor parte de los casos es un proceso negativo, porque todo lo que es infraestructura vial, servicios, cloaca, luz, gas, se vuelve una complicación, porque los barrios privados han pululado en las zonas rurales que antes no tenían acceso a todos estos servicios”, aseguró Nadia Rapali.

Hoy las comunas tienen zonificado su territorio; sin embargo, aprueban emprendimientos en áreas donde no deberían. Esto es posible, en algunos casos, gracias a las excepciones que aprueban los concejales y, en otros, porque si no se consigue el visto bueno municipal para un proyecto, se solicita la aprobación del Consejo de Loteos, se inicia la construcción y luego la comuna debe asistir con servicios a ese barrio, aunque no lo tuviera previsto. También se busca subsanar esa “doble entrada” de los proyectos, para que el trabajo sea conjunto.

Gudiño y Rapali fueron claras: es la hora de las políticas concretas, de que el Estado asuma su rol de planificador, un rol que no ejerció durante muchos años.

Un “crimen” en Maipú  y un “atentado” en Luján

La urbanización avanzó en muchos casos sobre las mejores tierras productivas, lo que trajo consecuencias sociales, económicas y ambientales. Mientras Elina Gudiño consideró un “verdadero crimen” la tala de olivos en Maipú, Nadia Rapali definió como un “atentado” la reducción de las hectáreas con vides en Luján de Cuyo, teniendo en cuenta que es primera zona y que el vino es nuestro emblema.

El Plan de Ordenamiento prevé herramientas económicas para que las comunas impulsen proyectos en zonas aptas y los desalienten en las que no lo son, como cobrar más impuestos a quien pretenda construir en lugares no aptos o subsidiar al productor para que mantenga su finca, que además es un bien ambiental y un atractivo turístico. Esto no es nuevo: así lo hicieron los países europeos, que invierten millones de euros en la protección de sus zonas productivas.

“El ordenamiento es un tema de negociación, de llegar a la mejor decisión, de saber qué podemos ceder cada uno. Es no llamar solo al ciudadano, porque el empresario cumple un rol fundamental. Ellos piden reglas claras a largo plazo, porque no puedo cambiar mi versión cuando cambia el gobierno de turno. Por eso el ordenamiento debe ser una política de Estado, un contrato social”, manifestó Gudiño.

Ciudades más equilibradas

Una de las directrices del Plan de Ordenamiento es impulsar las ciudades intermedias para controlar el crecimiento desmedido del Gran Mendoza, proveer a los habitantes las mismas condiciones de vida sin importar dónde residan y evitar así el éxodo a las ciudades.

María Elina Gudiño explicó que el fenómeno del crecimiento desmedido de las ciudades se replica en toda la América Latina, pero todas tienen un límite, comienzan a colapsar, son menos equilibradas y equitativas para sus habitantes. Explicó que la forma de modificar esta realidad es invirtiendo en ciudades intermedias.

Incoherencia legal

El Plan de Ordenamiento también contempló la necesidad de avanzar en la unificación de leyes provinciales, para evitar las incoherencias que existen. En este sentido, ya se formó una comisión que propondrá las modificaciones.

Una de las normas que se analizará es la Ley de Loteos, que en muchos de sus aspectos se contradice con los lineamientos vigentes en materia de ordenamiento territorial.