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21 DE NOVIEMBRE DE 2024
La empresa de aguas pretendía estabilizarse financieramente a partir este mes, pero sigue en rojo. Si quiere autosustentarse, necesita 8 millones de pesos mensuales en subsidios. Pérez lo definirá después de las elecciones.
Foto: Gentileza MDZ
A pocos meses de cumplirse los cinco años de la reestatización del servicio de agua y cloacas en la provincia, y con un incremento en la tarifa superior al 180 por ciento, la empresa aún no logra equilibrar su balanza financiera y sigue demandando desembolsos millonarios por parte del Ejecutivo. Su titular, Guillermo Amstutz, había anunciado que la compañía entraría en equilibrio este mes, pero se produjo un nuevo desbarajuste: el aumento salarial otorgado en paritarias, que alcanzó el 35 por ciento, sumado a un incremento en el costo de los insumos.
De este modo, para evitar el rojo financiero, Aysam necesita unos 8 millones de pesos mensuales de subsidio. De lo contrario deberá recortar servicios o, lo que es menos viable, aumentar tarifas. Así se lo planteó Amstutz al gobernador Francisco Pérez en los últimos días, pero Paco le pidió tiempo hasta después de las elecciones del 21 de junio.
La promesa
Bajo la promesa de entrar en equilibrio desde este mes, el año pasado el Ejecutivo autorizó una suba paulatina del 40,3 por ciento. Sin embargo, la balanza se inclinó otra vez para el rojo, porque la primera paritaria implicó el 35 por ciento de aumento para los sueldos de los trabajadores de la empresa.
El único camino que imagina Amstutz es la salida a través de un mayor desembolso de subsidios, algo difícil de concretar, teniendo en cuenta que la provincia ya está financiándose con deuda y tiene problemas hasta para pagar sus salarios. En segundo lugar, se piensa en el endeudamiento, pero el titular de Aysam sabe que no podrá tomar obligaciones en el contexto nacional e internacional que lo rodea, y mucho menos para gastos corrientes. El tercer escenario que dibuja es el de recortar prestaciones. Con un servicio de agua y cloacas en riesgo, en especial este último, que sufre el colapso de años de desinversión, es poco viable bajar aún más la calidad de las prestaciones.
Por ahora, y mientras espera algún tipo de respuesta post-elecciones por parte del gobernador, Amstutz está dilatando los pagos a proveedores.
Sin pauta y aumentos congelados
El presupuesto para este año podría comenzar a tratarse el próximo mes. Ya en 2014 Paco le inyectó 76 millones de pesos que, sumados a los 400 millones que le prestó el Banco Nación y los 8 millones mensuales más que entran a la empresa a partir del aumento concedido en septiembre, permitieron concretar algunas obras, en especial de cloacas. Pero se sabe que la reestatizada tiene otras obras en mente, como una cañería para abastecer a los barrios del piedemonte, que no puede ejecutar.
Como la tarifa ya acumulaba un aumento del 139 por ciento desde que Celso Jaque decidió quitarle la compañía a los antiguos operadores, Saur Internacional, sumado al 40,6 por ciento concedido el año pasado, los incrementos en el cuadro tarifario superaron el 180 por ciento. Amstutz no descarta la posibilidad de pedir una nueva suba, aunque sabe que en el contexto político que vive el partido oficialista será difícil que esta idea vea la luz.
Una demanda perdida en el limbo
La empresa fue reestatizada en 2010 y sólo meses más tarde el Estado anunció que realizaría cinco demandas en la Justicia contra los inversores porque los incumplimientos en los que habrían incurrido eran graves.
Pero lo cierto es que, si bien la demanda fue preparada y alcanzaba los 480 millones de pesos, nunca fue presentada. Nadie en el Gobierno sabe explicar bien el porqué de tal indefinición.
Lo que sí se supo fue que en 2014 el Estado nacional fue condenado a pagar unos 43 millones de dólares en concepto de indemnización a inversores nacionales y extranjeros por la estatización de la empresa Obras Sanitarias Mendoza (OSM) en 2010. La condena fue decidida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal de justicia del Banco Mundial, tras un extenso litigio entre los inversores que controlaban la concesión y la Provincia. Amstutz aseguró que no sabía en qué estado estaban los reclamos contra los inversores, aunque admitió que los juicios internacionales eran demasiado complicados y, en general, terminaban resultando favorables a los extranjeros.
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