Pasaron dos años desde la desaparición de 43 estudiantes en la escuela Ayotzinapa en la localidad mexicana de Iguala. El caso significó la renuncia de dos máximos responsables de la seguridad nacional, cayó la imagen del presidente Enrique Peña Nieto, se investigó por dos grupos extranjeros de expertos en crímenes contra los derechos humanos, generó reuniones de las Naciones Unidas pero todavía no hay respuestas. 

De acuerdo al último informe público, por el caso hay 130 detenciones, 422 resoluciones judiciales, 850 declaraciones, 1 651 actuaciones periciales y un expediente babilónico de 240 tomos y un cuarto de millón de folios. Todo esto no tiene valor para los padres de las víctimas, que repiten sin cansancio dos frases: “Seguimos en el punto de partida. El Gobierno nos quiere ocultar la verdad” sostiene el texto.

Según publicó el diario el País, el secuestro y asesinato de 43 estudiantes de la escuela rural de magisterio de Ayotzinapa sigue sin resolverse. Los familiares no saben qué fue de ellos, y el Estado fue incapaz de culminar una averiguación terminante. La renuncia de Tomás Zerón, el director de la Agencia de Investigación Criminal, número uno del caso, sometido a una investigación interna por una posible manipulación de pruebas pero no por ello apartado del parnaso de la burocracia, sino nombrado –“premiado”, opinan los padres– como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad “en reconocimiento a sus acciones”.

Antes de Zerón cayó Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) hasta febrero de 2015. El fiscal que definió la primera hipótesis del crimen como “verdad histórica” –interpretada como verdad novelada por los más suspicaces– fue recolocado como jefe de Agricultura hasta que meses después desapareció sin ruido del organigrama de mandos en una renovación general del gabinete. “Su verdad se desmoronó”, dijo Eduardo Guerrero, analista en seguridad y consultor del Gobierno al diario español y piensa que Murillo fue “víctima de su novatez y del poco profesionalismo de la PGR, donde manda desde hace años una nomenclatura inepta y colosalmente corrupta”.

"Desde hace años en la PGR manda una nomenclatura inepta y colosalmente corrupta"

Las versiones del caso

La teoría oficial era –y es, aunque sin tanta convicción– que los estudiantes fueron asesinados por narcos de la localidad mexicana de Iguala e incinerados en un basurero en medio del monte. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, cinco especialistas designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, analizó pruebas e hizo sus propias pesquisas. Concluyó que esa versión no se sostenía con hechos y que dependía de confesiones de detenidos que pudieron haber testificado bajo tortura.

Tampoco coincidió en la causa de la masacre. En la noche del 26 al 27 de septiembre, la policía de Iguala se lanzó a una abrupta y feroz persecución de los autobuses de los estudiantes. Tras la razia aparecieron seis cadáveres y desaparecieron 43 alumnos. La explicación del Gobierno fue que el alcalde, un jefe mafioso del municipio, no quería en su localidad a "aquellos jóvenes incordios marxistas" y dio una orden de escarmiento que derivó en una matanza: la policía los detiene, los entrega a los narcos y estos, confundiéndolos con narcos rivales, optan por el exterminio. Los matan. Los queman en una pira de neumáticos y madera y tiran sus cenizas a un río.

El grupo de expertos negó que los cuerpos de los estudiantes hubieran sido quemados en el basurero y resaltó que el batallón militar de la zona vio la persecución y detención de los estudiantes. No creyó en la teoría de la orden del alcalde corrupto y planteó la sospecha de que uno de los micros tomados por los estudiantes para ir a una manifestación, llevara heroína sin que ellos lo supieran y que generó el enojo de los traficantes.  Los especialistas pidieron entrevistar a los soldados del batallón y nunca se lo concedieron. La comisión se fue de México y acusó al Gobierno de obstruir el caso. “Dentro del aparato del Estado hay fuerzas que no quieren que se investigue la verdad. Son fuerzas estructurales”, afirma el español Carlos Beristáin, integrante del grupo.

Desde la desaparición de los estudiantes se realizaron diversas marchas para exigir justicia. Foto: lopezdoriga.com

Otros especialistas que investigaron la masacre, fueron los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense que tampoco encontraron pruebas de que los jóvenes fueran quemados en el basurero. Sí acreditaron que un hueso encontrado en una bolsa en un río era de uno de los 43 –el único identificado hasta hoy–, pero no que esa bolsa llena de restos óseos proviniese de las cenizas de una montaña  humana en el basurero. Muy discretos en su rol público durante el caso, los forenses argentinos, se mostraron sorprendidos del nivel de opacidad de las instituciones mexicanas. "Dentro del aparato del Estado hay fuerzas que no quieren que se investigue la verdad", replicaron. 

El enredo en torno al basurero dio un giro más en abril cuando se publicó la conclusión de un estudio suplementario encargado por la Procuraduría que estableció que allí habían sido quemados al menos 17 cuerpos, aunque no se certificó que esos fueran los cuerpos de los 43 desaparecidos y no se han hecho públicos los detalles del informe.

En definitiva, la verdad de lo ocurrido sigue en el aire y la convicción general es que el caso ha desnudado al Estado. “Es un reflejo del problema estructural de nuestro sistema de procuración y administración de justicia”, juzgó Mario Patrón, director del Centro Prodh de Derechos Humanos, que ayuda a los padres de los estudiantes. El especialista evaluó estos dos años como “una oportunidad perdida” para la catarsis del aparato, aunque rescata el hecho “inédito” de que el Estado se haya prestado a la supervisión internacional.

La tragedia que más conmocionó al país en los últimos años,se perdió en el olvido. En un vahído gradual la indignación civil del primer año se convirtió en un eco que se aleja y, si bien los organismos externos no han dejado de seguir el caso, en México quedan frente a frente los dos protagonistas principales del drama: los familiares frente a la burocracia.