Felipe Flores, exsecretario de Seguridad Pública del municipio de Iguala, en el Estado de Guerrero, se encontraba prófugo de la justicia federal de México desde 2014, sospechado de ser uno de los autores intelectuales de la represión y desaparición de los jóvenes. Después de ser interrogado el 27 de septiembre del mismo año, quedó libre sin ninguna responsabilidad y a partir de ese momento se desconocía su paradero.

El pasado sábado 22 de octubre Flores, a quien se le imputan los delitos de delincuencia organizada, secuestro de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos y se le señala por encubrir a los policías municipales implicados en el hecho, fue apresado mientras visitaba a su cónyuge en el municipio de Iguala.

El 26 de septiembre de 2014 es uno de los días más oscuros en la historia reciente de México, así como el el inicio de un calvario de investigaciones, reclamos por justicia e irregularidades que hasta hoy perviven. Según narra la antropóloga azteca Rossana Reguillo, “ese 26/9, por la noche, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos del pueblo de Ayotzinapa viajaron a la ciudad de Iguala. Allí, la esposa del alcalde José Luis Abarca daría su informe de gobierno. La policía reprimió a los estudiantes. Hubo bala, muertos, heridos y desaparecidos. Los policías municipales detenidos dijeron que los más de 40 estudiantes desaparecidos habían sido entregados por ellos a sicarios del cártel Guerreros Unidos. Dijeron también que los Guerreros Unidos habían prendido fuego a los estudiantes y los habían enterrado en varias fosas”.

Desde esa fecha se han sucedido dos años testigos de fugas, detenciones (cerca de 100 policías y paramilitares, el alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, el líder del grupo Guerreros Unidos Sidronio Casarrubias y Flores, entre otros) y renuncias de funcionarios y altos mandos de Guerrero, con su gobernador a la cabeza.

Las versiones sobre la incineración de los desaparecidos, así como la cronología de lo sucedido luego de la noche del 26 de septiembre, aún son cuestionadas, principalmente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para estudiar el caso, que denunció en contadas oportunidades trabas para la investigación (acceso a la información, impedimentos para realizar entrevistas), torturas a los detenidos y serias irregularidades por parte del gobierno.

“Una de las hipótesis es que los señores del narco en colaboración con las autoridades locales, policías y un presidente municipal (...) vinculado a los Guerreros Unidos, no están dispuestos a tolerar otro grupo armado en la región, es decir el ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente), una guerrilla que dicen, recluta sus cuadros en las Normales. Así, dice la hipótesis, el ataque, asesinato y desaparición de los normalistas es un “mensaje” del narco-estado a la guerrilla”, aclara Reguillo, especialista en estudios de la juventud.

Así, esta nueva detención se suma a un panorama aún poco claro en el que los 43 estudiantes continúan desaparecidos y se dejan ver cada vez más vínculos entre el Estado y el crimen organizado narco.