El conflicto de la Avícola Brugnoli o la ley del gallinero

Se trata de la granja avícola más antigua de la provincia, ya que está montada sobre "la variante" (Hipólito Yrigoyen al 700) desde 1973, por lo que la empresa dice contar con “derechos adquiridos”.  Es en pleno corazón de Luzuriaga, una zona reconocida hasta hace poco tiempo como el “cinturón industrial” del departamento. Los terrenos colindantes fueron trasformando el espacio, ya que sobre ellos, al menos en los últimos 10 años, se construyó una cantidad notable de barrios, complejos privados y demás estructuras urbanas. 

Simplificando, ese es el meollo del asunto. La actividad agrícola-industrial de Brugnoli S.A. fue tornándose incompatible con la vida cotidiana de las familias que comenzaron a asentarse en la zona, ante la proliferación de moscas que provoca el criadero de aves y las oleadas de guano que vuelven insoportable los veranos, especialmente. 

La intimación del municipio sobre los Brugnoli para que este lunes cesen sus actividades se desprende de un largo litigio judicial que lleva 11 años de existencia. Desde el año 2000, los vecinos del barrio Kobe, el primero que se levantó en la zona y que limita de manera directa con el predio avícola, comenzaron a elevar denuncias a la Intendencia por sentirse afectados ante la masiva presencia de moscas. Desde ese momento, según aseguraron a este medio voceros del municipio y de la propia empresa, se llevaron adelante tareas de control para evitar la proliferación de los insectos, aunque nunca han sido suficientes para mermar su reproducción en niveles considerables. 

Edición UNCUYO recorrió el predio junto a Maymará Brugnoli, una de las cuatro dueñas de la avícola. La mujer explicó que, cuando en 2001 comenzaron las gestiones entre la misma empresa, el municipio y la Secretaria de Medio Ambiente de la provincia para paliar la mosca, se decidió que de no dar resultados sería el municipio el encargado de realizar el traslado de la granja, eligiendo un terreno propicio y cubriendo los gastos de desmontaje y montaje. 

“Se llegó a ese acuerdo porque la empresa tiene derechos adquiridos ya que funciona aquí desde el año 1973, cuando la zona era reconocida como industrial. Tiempo después, la Municipalidad fue habilitando la urbanización. Hoy hasta hay una escuela y un club en esos terrenos, ahora se suman barrios privados”.

Según Maymará, desde la empresa nunca se han opuesto al traslado porque comprenden la situación de los vecinos que se ven perjudicados. “Pero nosotros también nos vemos afectados porque hemos hecho una inversión muy grande en el lugar. El traslado es muy difícil y no contamos con los medios”, asegura, y explica que el municipio nunca respetó el acuerdo inicial firmado por el intendente de entonces, Adolfo Bermejo, por el cual se comprometía a conseguir el terreno. “Eso no sucedió nunca”, relata la mujer.

Trece años después, la oficina de prensa del intendente Alejandro Bermejo contradice la versión de la empresaria a través de una solicitada aparecida en los diarios centrales de la provincia en la que expone las condiciones que la avícola pretendía para su relocalización, por las que estima que no cumplió con su parte del acuerdo. Entre ellas figura la necesidad de que el municipio otorgue un tiempo para realizar el traslado. Al respecto, cabe señalar que el decreto que establece la mudanza de la granja fue rubricado y enviado inmediatamente a la familia Brugnoli el 17 de febrero de este año. Allí se les informaba que la fecha tope para realizar el traslado gradual de la granja correspondía al 17 de agosto de 2014. 

La segunda condición propuesta por Brugnoli S.A. es que el municipio sea quien se ocupe de buscar el terreno propicio para remontar la granja. Según el intendente Bermejo, se ofrecieron seis propiedades que fueron rechazadas por la empresa. 

Por último, la solicitada expresa que los dueños de la avícola reclaman una indemnización de al menos 30 millones de pesos para poder cubrir los gastos del traslado. Sobre este punto, el comunicado argumenta que, al no tratarse de un proceso expropiatorio, no le compete a la intendencia cubrir ese gasto, pues decreta la mudanza bajo su legitimo “poder de policía ambiental municipal”.

Sobre el primer punto, Maymará Brugnoli explicó que, si bien desde febrero tenían conocimiento de los plazos, no pudieron programar el cierre o el traslado “porque no es algo que pueda resolverse de un día para otro. Trabajamos con animales vivos, no es fácil encontrar un sitio con las propiedades adecuadas ni desmontar galpones sin saber qué haremos con todo esa infraestructura”.

El terreno que requiere la avícola exige ciertas características debido al tamaño de los galpones que contiene. En total son siete, donde habitan las gallinas ponedoras que suman cien mil; uno más, destinado a la cría de pollos bebés y hotelería para otras empresas; y un noveno donde se acopian y clasifican los huevos. Además, la granja cuenta con un molino que produce el alimento balanceado con que se nutre a las aves. Según la dueña de la granja, estas condiciones hacen que se complique el hallazgo de un terreno apropiado: “No podemos aceptar uno que sea finito y largo, por ejemplo, y es lo que se nos ofrece”, dijo con referencia a las propuestas del municipio que se vieron obligados a rechazar.

Finalmente, acerca del subsidio solicitado, la mujer dio cuenta de que el traslado costaría como mínimo 21 millones de pesos y que, ante la imposibilidad del municipio de cedérselos realizaron gestiones con el Fondo para la Transformación, pero el dinero al que pueden acceder por ese medio solo les serviría para hacer mejoras en el predio que ya ocupan.

 “El 17 nos pueden clausurar, pero tengo animales vivos. Estamos muy preocupados”, explica Maymará, y cuenta que desde hace siete meses la situación es insostenible: “Allanamientos, medidas judiciales, demasiado acoso”, se queja.

Brugnoli explicó que tienen cuatro amparos pedidos a la justicia pero que aún no se ha resuelto ninguno, por lo que esperan una próxima respuesta para resolver el conflicto. “No nos oponemos al traslado, queremos conciliar para seguir trabajando y resguardar las fuentes laborales de las 40 familias que dependen de la granja”, expresó.

Parte de los 40 trabajadores de la avícola han pedido al municipio que sus fuentes laborales se garanticen, pues ellos quedan ajenos al conflicto entre los propietarios de la empresa y las resoluciones municipales. “Sucede que muchos de los obreros cuentan con 30 años de antigüedad y no pueden ser reubicados en cualquier lugar cuando ya tienen una historia de vida en nuestra empresa”, consideró la propietaria.

Ante la necesidad de conciliar, los Brugnoli aseguran que la situación de las moscas no es algo que haya surgido por mala voluntad de la avícola o como una irregularidad, sino que es una característica propia del rubro. Explicaron a Edición UNCUYO que desde hace años el control de los insectos está a cargo de un especialista de Buenos Aires, el doctor Miguel Zapater, quien les provee las avispas que se alimentan de las larvas de las moscas. Las mismas son ubicadas en pequeñas bolsas de papel al pie de cada jaula.

Además, la granja se encuentra abastecida por tramperos preparados especialmente para capturar a las moscas domesticas que, luego de análisis realizados por Zapater, han probado que no resultan contaminantes, aunque sí molestas para la vida diaria de los vecinos de la zona. Existen en el predio también cebos tóxicos para estos insectos.

Un dato importante es que todas las medidas preventivas y paliativas para frenar la proliferación de las moscas que despliega la avícola son ecológicas. “No se fumiga la mosca, porque ese gas es dañino y se traslada a los barrios. Es venenoso; si los utilizáramos sí se habrían presentado problemas de salud entre los vecinos y entre los mismos animales que criamos”, asegura.

Otra medida preventiva que se utiliza es el uso de la cal sobre los derrames de agua. Según Maymará Brugnoli, todas estas disposiciones significan un costo altísimo para la empresa porque cuentan con mano de obra exclusiva para los controles.

Finalmente, a horas de que se concrete el cierre, la empresaria insiste en aclarar que se encuentra esperanzada con la posibilidad de que se llegue a una conciliación. Explica que el de su avícola no es el único caso, ya que en zonas industriales de otros departamentos de la provincia también se han montado negocios inmobiliarios sin planeamiento previo ni controles de los terrenos.

“Maipú ha avanzado en la urbanización sin tener en cuenta estas condiciones de las que nada más y nada menos dependen familias de trabajadores que se desarrollan en ellas”, concluye.