Más allá que para algunos medios el tema de la creación de la policía judicial en la provincia fue impulsado por el gobernador después de una seguidilla de asesinatos que tomaron estado público, lo cierto es que la idea no es nueva sino que viene siendo tratada desde hace tiempo no sólo en los ámbitos políticos sino también en lo judicial. 

Lo cierto es que en el discurso del gobernador Pérez en la apertura del período ordinario de sesiones en la Legislatura provincial, uno de los párrafos salientes estuvo dedicado a este tema. “… la puesta en funcionamiento de la policía judicial ofrecerá un plus de confianza a las personas que se acercan a ejercer su derecho a la Justicia. Aspiramos a que una buena Policía Judicial se transforme en el peor enemigo de la impunidad". 

Frente a casos anteriores, donde la idea ha fracasado o no ha pasado de ser solamente un buen intento, hoy parece que el camino para que se materialice está más definido. Y en esto tiene que ver la voluntad de un sector de la Justicia encabezado por el ministro de la Corte, Mario Adaro, quien, junto al gobierno provincial, está llevando adelante el proyecto y buscando antecedentes que lo validen. 

Según el miembro de la Corte, el trabajo, que se ha visto reforzado por la decisión del gobernador, era uno de los grandes cambios que quedaban después de la reforma integral del sistema de seguridad. 

Para Adaro, la policía judicial abre “la posibilidad de que la investigación- cada vez que se produce un hecho delictivo- se pueda realizar con equipamiento, con personal profesional, con una lógica distinta a cargo de los fiscales que son los que están encargados de la instrucción en esos casos”. 

Una de las experiencias que están siendo observadas para la implementación de la policía judicial es la de Córdoba. Según Adaro, quien ha mantenido contacto con el impulsor del sistema en la provincia mediterránea, Darío Vezzaro, la implementación en ese caso ha sido progresiva, ya que lleva más de 20 años en proceso, lo que marca uno de los primeros escollos con que se encuentra la propuesta mendocina, que espera una rápida implementación. 

Una de las ventajas del procedimiento estudiado, según el propio Vezzaro, es la garantía en la calidad de la investigación de los delitos. "Gracias a la Policía Judicial, aseguramos que la instrucción de un hecho se haga con altas normas de calidad, lo que minimiza el riesgo de anulaciones de procesos, con el costo que esto le implica al Estado", detalló el técnico consultado. 

Si bien el corto plazo está prácticamente descartado, Adaro explicó que se está trabajando con un grupo de juristas tratando de interactuar con el gobierno para poder realizar ese cambio en la provincia. 

La posibilidad que la instrucción e investigación de los delitos (sobre todo los que requieren cierto grado de complejidad) esté a cargo de expertos preparados para esta actividad, hace pensar que se podría destinar más policías a la prevención, ya que es parte de la tarea del Estado el control y la protección de la ciudadanía en un Estado de Derecho, en un Estado democrático. 

Según el ministro de la Corte, “hay que seguir formando policías en instituciones que se ajusten a derecho. Hay que terminar con la posibilidad que la policía que está en la prevención y en el bien entendido término de la represión del delito, sea la que investiga el crimen, lo que pasaría a ser parte de las funciones de la policía judicial”. 

La policía judicial está prevista en Mendoza desde 1950, en el Código Procesal Penal, pero no se puede pensar, más allá de los buenos deseos del gobernador Pérez, que será una tarea sencilla. Todo lo contrario, la implementación será de alta complejidad y llevará tiempo, aunque hay buen criterio desde todos los sectores judiciales y políticos. 

Para Mario Adaro, “no hay que tener prejuicios. En un período de transición, claro, pueden surgir resquemores que van a ser dejados de lado de a poco, ya que la experiencia es buena, al menos la que se ha visto en Córdoba”.