El proyecto de ley que crea una comisión bicameral para investigar complicidades económicas durante la última dictadura militar obtuvo el visto bueno en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y quedó listo para ser tratado en el recinto. La iniciativa fue presentada por el diputado y abogado laboralista Héctor Recalde, del FpV, y cuenta con media sanción de la Cámara Baja desde septiembre. En Diputados, todos los bloques votaron a favor, excepto el PRO, que se abstuvo.

El objetivo del proyecto consiste en la creación de una bicameral que investigue y aporte datos al Poder Judicial sobre la posible participación de empresas en la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). La bicameral estará compuesta por cinco diputados y cinco senadores nacionales, de los cuales tres de cada cámara serán de la primera minoría, uno de la segunda minoría y uno por la tercera minoría.

La idea de este cuerpo sería elaborar un informe donde queden identificados “los actores económicos y técnicos que contribuyeron a y/o se beneficiaron con la dictadura aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza”. Algunas de las compañías denunciadas durante el debate en la Cámara baja fueron Mercedes Benz, Ledesma, Loma Negra y Papel Prensa.

Con esta propuesta se busca continuar con “la búsqueda de la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia”. También se crea, en el ámbito del Congreso, el Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, para poner a disposición gratuita del público toda la documentación utilizada por la bicameral y relacionada con el tema.

Durante el debate, el radical Mario Cimadevilla se diferenció de la postura de su fuerza en Diputados y se mostró en contra del proyecto, aunque aclaró que su bancada aún no tomó posición. Cimadevilla, el único senador de la oposición presente en la reunión, argumentó que la bicameral propuesta “se arroga facultades que le corresponden al Poder Judicial” y que además “no garantiza la defensa de nadie”.