En la República Argentina existen más de 180 presas de embalse en operación; dos de estas son binacionales: Yacyretá, construida en conjunto con la República del Paraguay, y Salto Grande, compartida con la República Oriental del Uruguay. Existen además otros 130 azudes y numerosos terraplenes de defensa en al menos 25 ciudades importantes del país y una significativa cantidad de diques de cola en emprendimientos mineros.

Estas presas, diques y embalses son parte de la infraestructura crítica para el país por su vulnerabilidad a las catástrofes naturales como de acciones antropogénicas (acción humana), por lo que es indispensable contar con los controles adecuados para preservar el potencial riesgo que implica para las personas y bienes ubicados aguas abajo.

Su seguridad involucra un conjunto de actividades técnicas, administrativas, organizativas y de difusión, monitoreo, vigilancia y protección, con el fin de proteger la vida y bienes de las personas expuestas a las consecuencias de una posible crecida ordinaria o extraordinaria, falla o rotura estructural, o ataque vandálico o violación de la seguridad operativa.

En este sentido, en el plenario de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, Presupuesto y Hacienda y Ambiente y Desarrollo Sustentable se trató el proyecto de Ley de Seguridad de Presas y Embalses presentado por el senador Julio Cobos. Cabe destacar que el proyecto cuenta con el firme respaldo de la Academia Nacional de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y del Comité Argentino de Presas y del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP).

Dique Agua del Toro. San Rafaél.

Al respecto, el exgobernador de Mendoza manifestó: “Esperamos que este año podamos sancionar la ley de Seguridad de Presas y Embalses, una ley que es fundamental ya que establece las condiciones de seguridad que deberán cumplir las presas, diques y embalses, definiendo las obligaciones y responsabilidades de sus titulares. El objetivo principal es contar con un marco jurídico que proteja a las personas, al medio ambiente y a los bienes.”

“Es deber del Estado velar por la seguridad de las personas, frente a actividades que pudieran ocasionarle un daño, como podría ser un mal funcionamiento o falla en una presa. Esta norma pretende mejorar el nivel de seguridad de los habitantes que viven aguas abajo de una presa y también preservar el patrimonio económico, social y cultural de esos habitantes”,  señaló el legislador radical.

Y agregó: “Es importante aclarar que no se interfiere con el derecho al uso y administración del recurso que ejercen las provincias mediante la generación de un marco legal y administrativo adecuado. La revisión periódica y permanente del estado de las presas recibe una especial consideración en la mayoría de los países donde el recurso hídrico ha sido ampliamente aprovechado. Es una actividad que el Estado no puede dejar de regular en forma específica, de allí que la seguridad de presas como herramienta básica de prevención nos exige que legislemos instrumentos idóneos a fin de proteger derechos fundamentales”.