El acuerdo que firmó Francisco Pérez con Nación para reformular la Ley de Hidrocarburos, que fijaba una baja en la tasa de ingresos brutos para las empresas, es el escollo que encontró la oposición para aprobar la Ley de Avalúo e Impositiva. Es que, según el radicalismo, la provincia dejará de percibir al menos 1200 millones de pesos por la baja en el gravamen del 5 al 3 por ciento. Además, en la ley que se discute por estas horas en la Legislatura no queda plasmado que la reducción en el impuesto esté atada a la obligación por parte de las empresas de concretar las inversiones proyectadas.

Los radicales consideran que las modificaciones tributarias deben dirimirse en la Legislatura y bajo este paraguas es que seguirán resistiendo el acuerdo ya firmado por Pérez.

Este es el punto más discutido de la ley que necesita el Ejecutivo para enviar la semana entrante el presupuesto 2015. Claudio Gil, director de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), sostuvo a Edición UNCUYO que aún no estaba calculado el monto de lo que la provincia dejaría de percibir. Sin embargo, el diputado radical Martín Kerchner consideró que, si ingresaron este año 600 millones de pesos en concepto de regalías, al menos 1200 millones se perderían.

Lo que concretamente le pidió el radicalismo ayer a Gil fue que incorporara en las leyes que las empresas debían concretar las inversiones, de lo contrario se les seguiría cobrando el 5 por ciento. El funcionario del Ejecutivo se comprometió a analizarlo, aunque destacó que la ley nacional ya estaba acordada con los funcionarios de provincias petroleras.

Kerchner se quejó además porque la provincia era una de las pocas que había visto disminuida su extracción petrolera y achacó esta baja a un escaso control en las inversiones por parte del Estado.

El principal punto de discusión durante la reunión de ayer entre la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y funcionarios de la ATM fue el de los gravámenes sobre Hidrocarburos, aunque también cuestionaron otras subas que no habían sido anunciadas, como la de hoteles alojamiento, playas de estacionamiento, salones de eventos, taxímetros y locales bailables. A todos estos rubros se les aplicaron subas de 30 por ciento promedio.

Gil explicó que se había hecho un estudio con base en los comercios que menos facturas emitían. Fue por eso que se les actualizó el mínimo imponible.

En el caso de los restaurantes se han especificado zonas gastronómicas y otras que no lo son. Las primeras serán gravados con mayor porcentaje, teniendo en cuenta que la ganancia presunta es mayor, según adelantó el funcionario.

Otro de los puntos que generó discusión es una suba del 1 por ciento sobre el régimen simplificado de monotributo. Quienes facturaban hasta 48 mil pesos anuales, según la nueva ley pasarán a tributar el 5 por ciento, mientras que venían haciéndolo por el 4. El radicalismo le pidió a los funcionarios del Ejecutivo que revieran esta decisión, teniendo en cuenta la recesión económica y que se trataría de uno de los sectores con menores ganancias, el de la categoría más baja y de servicios.

Antes de comenzar con la discusión de Impositiva, los legisladores pidieron también que se aplicara alguna modificación sobre los valores catastrales de grandes propiedades. Kerchner sostuvo que el predio de la destilería, que para Catastro estaba valuado en 500 millones de pesos, estaba tasado a valor de mercado en 5000 millones de pesos. Otro de los ejemplos fue el de uno de los supermercados más grandes de Godoy Cruz, que seguía tasado para esa repartición en 200 millones cuando su valor real sería al menos 10 veces más.

Desde el Ejecutivo se comprometieron a analizarlo, aunque sostuvieron que será difícil aplicar la modificación ya que los valores se calculaban en base a la misma fórmula y se temía una avalancha de reclamos judiciales.

Uno de los puntos que habían solicitado los legisladores fue que Gil especificara cuántas propiedades ingresarían al límite de 305 mil pesos que estaba fijado para que los contribuyentes comenzaran a tributar bienes personales. Esto, porque las bases catastrales fueron elevadas el 20 por ciento en relación con el año anterior, aunque todavía se encontraban muy lejos de los valores reales de mercado.

Si bien el director de ATM no llevó ese número, explicó que el 83 por ciento de las propiedades no tributaría porque no alcanza los 305 mil pesos. Esto, sobre una base de 600 mil parcelas que hay en los registros oficiales.

El análisis de la ley continuará este jueves en la Legislatura y se espera que la semana entrante esté el despacho para que sea tratado en la sesión de esa cámara del miércoles próximo.

El gobernador quiere remitir la pauta de gastos para 2015 en la Legislatura. La idea del Ejecutivo es que las normas estén aprobadas antes del 31 de diciembre para que no se traslade la discusión al 2015.