Los datos de que la inflación se desacelera permiten al actual gobierno de Javier Milei festejar como un logro las mejoras económicas. Sin embargo, hay un problema social que no cesa. En enero de 2025 hubo 29 femicidios en nuestro país y 13 en los primeros días de febrero, según publicó el observatorio Ahora que sí nos ven, que desde 2015 realiza un relevamiento de estos crímenes sobre la base del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país. En Argentina, un varón asesina a una mujer cada 28 a 35 horas. Entre el 3 de junio de 2015 y la misma fecha de 2024, hubo 2745 femicidios.

Cada inicio de año es la esperanza de un nuevo comienzo, pero el tiempo pasa y cada enero finaliza con la noticia de que no solo no se terminaron los femicidios, sino que son tantos como los anteriores. Fueron 29 durante el primer mes de este año. Hubo, además, 49 intentos de femicidio, es decir que en 49 ocasiones más se intentó consumar ese acto violento por razones de género, pero —por circunstancias externas y a pesar de la intención del agresor— la víctima sobrevivió al ataque. Se puede pensar que hubo 29 femicidios, pero los femicidas fueron 78.

Los asesinatos de mujeres por razones de género son un problema social, pero también son un delito. Como todo crimen, tienen características específicas. Así como la estadística muestra que los delitos contra la propiedad son cometidos por varones de clase baja o los de “guante blanco” por los de clase alta o media alta, en el 70 % de los femicidios los victimarios son o fueron parejas de las víctimas. En un porcentaje similar, fueron cometidos en la vivienda de la mujer o en la que compartía con el agresor.

“Pasamos de naturalizar la violencia en las relaciones interpersonales como crímenes pasionales al femicidio como homicidio agravado por el vínculo y razones de género”, publicó Ahora que sí nos ven.

La cifra se vuelve preocupante en tanto el Gobierno nacional niega, a pesar de tener todos los datos como muestra, la desigualdad de género y la violencia machista. El contexto de descreimiento discursivo se suma a desfinanciamientos concretos y reducción de presupuesto en áreas clave. Hay ejemplos claros, como la disminución del personal de la línea 144 —que atiende consultas y brinda asesoramiento en casos de violencia— o el desbaratamiento del programa Acompañar —que por seis meses brinda ayuda económica a mujeres que necesitan salir del hogar en el que conviven con el hombre que las violenta—.

Las deficiencias de las políticas estatales van más allá, porque, de las víctimas de femicidio de enero, el 21 % (seis de ellas) había realizado previamente alguna denuncia y el 17 % (cinco de ellas) había conseguido interponer una medida judicial (como restricción de acercamiento, exclusión del hogar, etc.). También hubo cuatro femicidas que pertenecían a las fuerzas de seguridad.

“Los femicidios son la punta del iceberg de la violencia de género (...) Es un término político de denuncia y visibilización de la manera más extrema que cobra la violencia machista. Dicha figura fue incorporada como agravante del homicidio en el año 2012 gracias a la lucha del movimiento de mujeres que logró instalar un cambio de paradigma”, agregaron desde el observatorio.

A esto se suman distintos ataques lesboodiantes del último tiempo, que también hablan por sí solos de la violencia habilitada. El que tomó más relevancia fue cometido en mayo de 2024 por Justo Fernando Barrientos —de 62 años—, que incendió con una bomba molotov el cuarto de la pensión de Pamela Cobas, Mercedes Roxana Figueroa, Sofía Castro Riglos y Andrea Amarante. Otro caso ocurrió este febrero en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, cuando Orlando Lutz Fogar, luego de amenazar bastante tiempo, prendió fuego la casa de una pareja de lesbianas y su hija. El tercero fue cometido en Orán, Salta, por Juan Marcelo Córdoba, que atacó con un arma blanca a la activista por los derechos LGBTIQ+ Mariana Oliver.