Subió la pobreza en Argentina: alcanza al 39,2 % de las personas

Sociedad

En materia de derecho a la alimentación, el estudio muestra que 4, 2 millones de los niños, niñas y adolescentes (NNYA) experimentaron inseguridad alimentaria total en el último año, lo que implica que 31.4% de esta población vio reducida la dieta de alimentos en 2022 por problemas económicos; mientras que 1,6 millones (12.3%) tuvieron privaciones alimentarias graves, es decir, pasaron hambre (inseguridad alimentaria severa).

Si bien ambos indicadores mejoraron ostensiblemente con respecto al año anterior, cuando se vio reflejado el impacto de la pandemia de coronavirus, todavía se mantienen relativamente estables respecto a 2019: la inseguridad alimentaria severa descendió 1.75 puntos porcentuales en relación a la prepandemia -14 versus 12.3%-, mientras que la inseguridad alimentaria total rozó los valores de tres años atrás -30.5 versus 31.4%-.

Como contrapartida, la ayuda alimentaria directa -ya sea a través de comedores escolares, viandas, comedores comunitarios, copa de leche- y la indirecta -por medio de la Tarjeta Alimentar- pasó del 39.2% en 2019 al 59.3% en 2022, lo que representa su máximo histórico desde 2010.

Tuñón indicó que, antes de la pandemia, "la ayuda alimentaria tradicionalmente estaba focalizada en la alimentación gratuita directa en comedores comunitarios y escolares". En tanto, a partir de 2020, se incorporó la Tarjeta Alimentar, con lo cual también comenzó a ser medida dado que se trata de "una transferencia directa orientada al componente alimentario".

"Cuando vemos la evolución, el dato más relevante es el incremento de las ayudas orientadas a lo alimentario a partir del 2020, a pesar de que este momento coincide con una merma muy significativa de lo que fueron las ayudas escolares (por el cierre de escuelas producto de las restricciones que se establecieron para evitar la propagación del coronavirus)", dijo la especialista del Observatorio de la Deuda Social.

No obstante, el aumento porcentual de las infancias y adolescencias cubiertas por ayudas alimentarias entre 2019 y 2020 (39.2% versus 46.5%) no fue suficiente para detener la tendencia alcista de la inseguridad alimentaria total que pasó del 30.5 al 37.2% en ese período; lo que finalmente se logró en el 2021 y 2022 "pero con niveles mucho mayores de protección social, que fundamentalmente crece en las clases medias bajas, populares".

"Hoy reciben (algún tipo de alimentación gratuita) 6 de cada 10 chicos de las clases medias en la Argentina y justamente lo que es novedoso en esta coyuntura, es el incremento de la ayuda y protección social en las infancias de las clases medias (en términos socioeconómicos y no monetarios), que lo vamos a ver en alimentación gratuita pero también en la AUH y otros planes sociales", explicó.

Es que la pobreza monetaria más extrema o indigencia - ingresos que no alcanza a cubrir el valor de la canasta básica total- registró su pico más elevado durante la pandemia, afectando al 15.7% de la población de NNYA en Argentina urbana; pero una vez superada la crisis socio-sanitaria se produjo un progresivo descenso llegando al 13.1% en el segundo semestre de 2022 y ubicándose 1 punto porcentual por debajo del valor de 2019.

En cuanto a la pobreza monetaria, tras tocar un techo de 64.9% en 2021, se estima que se redujo en 3.2 puntos porcentuales en 2022, afectando al 61.6% de los NNYA ese año (8.2 millones), pero sin lograr retrotraerse a los valores prepandemia, cuando se ubicó en el 59.5%.

En referencia a las políticas de protección social por transferencia de ingresos como la AUH, una lectura de su evolución permite concluir que "también se incrementa de manera significativa a partir del 2020 llegando prácticamente la mitad de los chicos" cubiertos por alguno de estos programas, que registran su máximo histórico desde 2010.

Por otra parte, el informe muestra que la mitad de los niños y las niñas que pertenecen al nivel socioeconómico medio recibió la AUH y otras transferencias no contributivas en 2022, es decir, 20 puntos porcentuales más que en 2019 (30.4%).

"Es decir que los esfuerzos de los estados para producir un estancamiento de la indigencia y una merma de la pobreza en contextos de alto nivel de inflación son muy significativos, en términos de la magnitud que tienen que tener la cobertura de estas políticas públicas", dijo Tuñón.

"Nuevos sectores sociales cayeron en la pobreza (monetaria) a partir del 2020", indicó la coordinadora del estudio, quien sostuvo que se trata de "sectores medios que antes no recibían este tipo de protección".

En consonancia con esto, si bien a lo largo de la última década se registraron altos niveles de escolarización en la educación pública, en torno al 77% promedio, este indicador creció casi 7 puntos porcentuales entre 2019 y 2022, pasando del 76.3% al 83.5% de los NNYA de entre 3 y 17 años. Esta tendencia es aún más marcada en la educación primaria, nivel en el que representan el 87% de los estudiantes.

"Ocurrieron varias cosas en el 2020: por un lado la cuestión económica y, por otro, la discontinuidad que implicó tener que seguir pagando la escuela privada a pesar de que no había clases presenciales", dijo.

"A muchos hogares que experimentaron la escuela pública no les fue mal", subrayó Tuñón, quien atribuyó a esa situación la decisión de permanecer en el sistema estatal.

En este sentido, puntualizó que eso se dio "sobre todo en la ciudad de Buenos Aires", donde antes la población escolarizada se dividía "por mitades" entre el sistema de gestión pública y el sistema privado. "En el interior del país, la prevalencia de la escuela privada es muy menor", sostuvo.

Por otro lado, la población de NNYA que carece de obra social, mutual o prepaga - y por lo tanto dependen del sistema estatal de salud- se ha incrementado de modo sostenido desde 2010, y si bien el pico se registró durante la pandemia con el 60%, en 2022 se ubica en el 58.4%, es decir, casi 3 puntos porcentuales por encima de 2019 (58.4% versus 55.8%).

En ambos casos, la migración al sistema público "no es un déficit en sí mismo, pero sí es un desafío importantísimo para los estados" en tanto debe ofrecer una atención de la salud y una educación "de calidad en condiciones de equidad" en un contexto de mayor demanda.