Nieta 117: pidieron prisión para el entregador y la familia de crianza

Derechos Humanos

Durante 2019, la Justicia había declarado a Claudia Verónica Domínguez Castro como víctima de delitos de lesa humanidad y condenó a 10 años de prisión a su entregador, Héctor Segundo Carabajal, y a 3 años a la pareja que la crió, Julio Humberto Bozzo y Antonia Clementina Reitano.

Lesa humanidad: La justicia federal de Mendoza condenó hoy a Segundo Carabajal a la pena de 15 años de prisión por la sustracción, retención y ocultamiento de una menor de 10 años (ley 24.410) tal como lo pedimos desde la querella de Abuelas de Plaza de Mayo. @abuelasdifusion pic.twitter.com/iUre41fG6F

— Viviana Beigel (@BeigelViviana)

March 19, 2021

Sin embargo, las penas impuestas por el tribunal a Carabajal y a la pareja que crió a la niña no conformaron a los querellantes por Abuelas de Plaza de Mayo, por este motivo presentaron un recurso de casación, en el que insistieron con las penas que solicitaron en el juicio, es decir, 15 años de prisión para el entregador y 6 años para Bozzo y Reitano.

“El juicio fue a Casación y volvió con la sentencia que ordenaba modificar la ley aplicable, por eso se modificó la condena en el día de hoy. Se trata del mismo juicio, pero se aumentaron las condenas porque Casación dijo que había que aplicar la ley 24.410, tal como lo habíamos pedido en el juicio desde la querella de Abuelas de Plaza de Mayo”, explicó Viviana Beigel, abogada querellante a Unidiversidad.

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Otro caso de delitos de lesa humanidad: Fiscales piden extraditar de Italia al sacerdote Reverberi

Los fiscales de Mendoza Dante Vega y Pablo Garciarena solicitaron hoy al juez Federal de San Rafael que ordene la extradición y cite a prestar declaración indagatoria al sacerdote prófugo en Italia, Franco Reverberi Boschi, acusado por testigos de delitos de lesa humanidad, informaron hoy desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

“Luego del primer pedido de extradición fallido en 2013 y 2014, no hubo avances hasta hoy día, en que la imputación se amplía a homicidio. Antes no se hizo. Esto abre posibilidades de que Reverberi sea extraditado desde Italia”, informó hoy a Telam Richard Ermili, abogado de la APDH en San Rafael.

Según detalló hoy el organismo en un comunicado, al religioso “se lo acusa con carácter de ser participe secundario de homicidio doblemente agravado por alevosía en perjuicio del detenido José Guillermo Berón".

El sacerdote Franco Reverberi Boschi, durante la última dictadura cívico militar, actuó como capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael y actualmente, según Interpol, ejerce tareas religiosas en una parroquia de Parma, Italia.

La actuación del sacerdote en operativos del terrorismo de Estado quedó al descubierto durante el primer juicio por delitos de lesa humanidad que se realizó en 2010 en la provincia de Mendoza, más precisamente en la ciudad de San Rafael.

En las declaraciones testimoniales que se formularon en ese proceso oral y público, cinco víctimas aseguraron que el sacerdote presenció sesiones de torturas que se realizaban en el centro clandestino de detención conocido como la "Casa Departamental".

El religioso también está imputado de "la privación abusiva de la libertad" en perjuicio de Alfredo Rafael Porras, Roberto Rosalez, Roberto Rolando Flores, Hugo Adelmo Riera, Sergio Segundo Chaki, Mario Héctor Bracamonte, LuisBarahona, Marcos Antonio Valdez y José Guillermo Berón.

Además se le imputan "tormentos agravados" en carácter de partícipe secundario contra Roberto Rolando Flores, Sergio Segundo Chaki, Hugo Adelmo Riera, Mario HéctorBracamonte, Luis Barahona, Alfredo Rafael Porras, Marcos Antonio Valdez, RobertoRosalez, Isidro Calívar y José Guillermo Berón.

“Estos delitos se enmarcan en la colaboración prestada por este cura a la consumación del plan sistemático de exterminio contra opositores políticos durante la última dictadura", destacó el abogado Ermili.

“En concordancia con lo solicitado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)  querellante en el expediente, la Fiscalía también solicitó su captura nacional e internacional y la apertura de su proceso de extradición”, remarcó la APDH en un documento de prensa.