El 14 de noviembre se realizará una nueva audiencia por la tarifa de gas para definir el precio del transporte y la distribución del combustible. De acuerdo a lo que publicó el Enargas, lo que se decida en esa instancia pública empezará a regir desde el 1.° de diciembre y se sumará a los incrementos que el Ministerio de Energía ya definió en abril de 2017. El aumento previsto será superior al 40 %.

¿Cómo se llegó a esta instancia? Para responder este interrogante hay que remontarse al año 2016. Luego del cambio de gobierno, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, realizó un giro en la política energética y empezó un proceso de reducción en el otorgamiento de los subsidios a los usuarios residenciales. El sinceramiento provocó aumentos superiores al 500 %, que generaron olas de recursos de amparos, marchas, contramarchas, idas y vueltas de los usuarios, y también del propio Gobierno. Luego de la audiencia pública de marzo en Mendoza, si bien no se la consideró una provincia patagónica,  sí se ampliaron los umbrales de consumo. 

Para evitar lo que sucedió en 2016 y con la mira puesta en las elecciones, en 2017 el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Energía, convocó en marzo a una nueva audiencia pública. De allí estipuló un aumento para usuarios residenciales que se dividió en tres partes: el 36 % en abril, el 40 % en diciembre y el resto en abril de 2018.

Así, en las audiencias del 14 de noviembre las distribuidoras presentarán los cálculos de los cocientes de distribución que impactarán en las facturas totales. Un dato a destacar es que, por primera vez en más de 15 años, las empresas prestatarias recibirán un ajuste por inflación para que el encarecimiento de los precios internos no afecte su ecuación económica. 

La composición del aumento

El 36 % del aumento que se estipuló en abril está formado por el precio del combustible en boca de pozo, el transporte y la distribución. En el primer apartado se incluye la quita de subsidios a los usuarios residenciales que considera también los costos de la producción.

Por ejemplo, el precio del gas en boca de pozo, que ahora ronda los USD 3,77 por millón de BTU (unidad de medida de energía), pasará a costar USD 4,19 por millón para un cliente promedio. De acuerdo a lo que publica el diario La Nación, el incremento ya estaba estipulado desde abril, pero se congeló por cuestiones netamente electorales. El aumento se destinará a reducir los subsidios que el Estado destina a las petroleras (del 50 % bajaron al 45 %) que serán las beneficiarias del pago.  

El segundo y tercer apartado que compone el porcentaje de incremento que dispuso la cartera de Aranguren contempla el aumento en la retribución para las empresas de transporte y la suba tarifaria a cargo de las distribuidoras. Estos dos ítems se analizarán en la audiencia del 14 de noviembre.

El abogado especialista en derecho al consumidor Mario Vadillo afirmó a Unidiversidad que esos valores son para una persona que tiene un consumo muy reducido y que en la provincia el porcentaje de incremento es superior al 100 %, especialmente en zonas como el Valle de Uco.

El monto en las boletas

El otro elemento que hay que tener en cuenta es la composición de las boletas. Los montos totales que le llegan al consumidor final también se dividen en tres partes: el 40 % corresponde al precio del gas, el 32 %, a distribución y transporte, y el 28 % implica otros impuestos. Siguiendo este esquema, el segundo ítem se modificará en la audiencia pública e impactará en la factura.

Sin embargo, para el abogado se trata de un aumento más con el que las empresas no realizarán inversiones. “Las distribuidoras hace años que se comprometieron a hacer inversiones, pero no hay ninguna red nueva. No invierten, se ganan los aumentos y se quedan con la plata”, arremetió el abogado. En este sentido, apuntó a la Justicia Federal y criticó que todavía no se resuelve el recurso de amparo que presentaron para que no aumente el servicio de gas natural. 

Hay que recordar que la decisión recayó sobre el juez federal Walter Bento, que tiene que decidir si anula o no el cuadro tarifario que tuvo la provincia en 2017. Además la ONG Protectora pidió que se adecue la tarifa a las condiciones climáticas. Vadillo explicó que la actitud de Bento "era inadmisible" y que la resolución se había dilatado por cuestiones netamente electorales. "Sigue sin resolverse, y si los jueces federales no lo resuelven, es porque andan en función de la política", sentenció.   

Los aumentos que siguen

En paralelo a los ajustes del gas, el Gobierno pondrá en marcha ajustes en las tarifas de electricidad. Se trata de una suba adicional superior al 10 % por encima de los ajustes ya anunciados para este año. El matutino porteño aclaró que el incremento es para compensar los aumentos de costos que tuvieron las prestadoras de energía en la primera parte de 2017.

En la práctica, el ajuste por inflación tendrá un impacto en torno al 3 % en la factura final del cliente. Al igual que en el gas, es probable que la cartera de Aranguren disponga un nuevo aumento del precio mayorista de la electricidad, que cobran las compañías que generan energía. Se trata de un elemento clave para avanzar en la reducción de subsidios y, por lo tanto, en el achicamiento del déficit fiscal, al que volvió a hacer referencia ayer el presidente Mauricio Macri.