El entramado judicial que envuelve a la familia Rojas Martínez es complejo.  Por este motivo, la jueza del 1er Juzgado de Garantías, Cristina Pietrasanta, decidió este miércoles 31 que Fanny Villegas, nuera de Nélida Rojas y tesorera de la organización Tupac Amaru, continúe con prisión domiciliaria. La decisión se tomó porque entendió que si Villegas quedara en libertad, podría entorpecer la investigación. La defensa, en tanto, ya anticipó que apelará la definición. 

Villegas está acusada de estafa, extorsiones, fraude a la administración pública y de ser copartícipe de asociación ilícita. Está en prisión domiciliaria desde el 5 de mayo. Su marido, Federico Martínez, también está señalado por haber usado dinero de programas sociales para enriquecerse; sin embargo, está libre. La diferencia radica en que el delito de extorsión que pesa sobre Villegas tiene una pena que va de 5 a 10 años de prisión, mientras que ser miembro de una asociación ilícita, acusación que pesa sobre su marido, tiene una pena mínima de tres. Al tratarse de un delito menor, puede cumplir el proceso el libertad.

La historia empezó el mediodía del martes 30, cuando Villegas llegó acompañada por el personal policial y durante siete horas escuchó los argumentos para que ella recupere, o no, la libertad. El cruce se dio entre la fiscalía y los abogados defensores. Estos últimos acusaron a la fiscal Gabriela Chaves de cambiar una parte del expediente sin darle vista al equipo de la defensa. El equipo del Ministerio Público Fiscal (MPF), en tanto, se enteró en ese momento de que el abogado Carlos Varela Álvarez defenderá a Villegas y pidieron organizar las causas que defendería cada letrado.

Así las cosas, entre idas y vueltas, Chaves hizo un recorrido sobre la cantidad de compras que realizó la organización social. El sistema para validar la hipótesis de que la Tupac usó dinero público –explicó Chavez– fue sencillo: se cruzó la información de los certificados de compraventa de los vehículos que adquirió la familia Rojas Martínez con las extracciones bancarias que figuraron en la cuenta que estaba a nombre de Ramón Martínez. Los números coincidían. Sin embargo, en toda la presentación no figuraba el nombre de Villegas como la titular de los vehículos de alta gama, pero el cargo de tesorera de la Tupac creó el indicio judicial de que ella permitió los giros de dinero.  

Chaves centró su argumento en las extorsiones que supuestamente realizó la acusada. Nombró denuncias de personas que formaron parte de la Tupac y dijeron ser presionados por Villegas para pagar viajes de la organización. Incluso, los testigos declararon que fueron obligados a concurrir a diferentes marchas a cambio de que les entregaran una casa.

Los autos, camionetas y camiones último modelo que los miembros de la familia Rojas Martínez compraron entre 2010 y 2016, más la entrega de cheques para compras innecesarias para la organización, junto con las declaraciones de los cooperativistas, fueron la punta de lanza que la fiscal Chaves, que por momentos parecía una abogada defensora, usó para validar la tesis de que Villegas debía permanecer en prisión.

“Si Fanny está en libertad, puede influir en los testimonios de los testigos”, completó uno de los abogados querellantes. Luego del fallo, Carlos Aguinaga, uno de los abogados, explicó que puede haber nuevas imputaciones, dada la cantidad de información que queda por analizar. "Lo analizado representa el 40 % del total de documentos", señaló.
 

Nuevo abogado y pedido de nulidad

A la defensa conformada por los abogados Alfredo Guevara y Carlos Blanco se sumó Carlos Varela Álvarez. Los tres letrados argumentaron que no había elementos que probaran que Villegas había formado parte de las extorsiones y que las declaraciones que tomó la fiscalía estaban “incompletas” o se “habían distorsionado”. “El Ministerio Público Fiscal violó la objetividad”, exclamó Blanco, el primero de los oradores.

Guevara fue un poco más allá y explicó que el dinero que figura en las extracciones bancarias fue destinado a los barrios que construyó la Tupac. Al mismo tiempo, y al tratarse de fondos federales, el delito de asociación ilícita no era competencia de la justicia provincial, señaló el abogado. El defensor usó las declaraciones de un ingeniero de la actual gestión del IPV y del arquitecto de la Municipalidad de Lavalle, que explicaron que las obras de los barrios de la Tupac habían avanzado conforme a la cantidad de dinero que llegaba de las arcas nacionales.

Con cruces de ambas partes y con cierto cansancio, se pidió un cuarto intermedio para la presentación de Varela Álvarez. El abogado, que también es defensor de la monja Kosaka Kumiko en el caso Próvolo, señaló que en la primera orden de detención no figuraba en ningún momento Villegas e incluso se violaban derechos constitucionales, por lo que pidió la nulidad del proceso.

La voz de la acusada

La última en hablar fue la propia Villegas. Cansada y algo quebrado el tono de la voz, dijo que era inocente y que la Tupac trabajaba en cuestiones sociales, educativas y de salud, de las que ella fue parte. Señaló su historia y dijo que terminó el terciario gracias a los programas que brindaba la organización. “El trabajo voluntario existe y es de corazón. Soy celadora voluntaria de la escuela donde trabajo. Es gente que trabaja y tiene el sueño de cumplir su carrera”, apuntó.

La decisión de la jueza Pietrasanta marcará, de alguna manera, el recorrido de los próximos pedidos de libertad. Hay que recordar que por esta causa hay cinco personas detenidas: Nélida Rojas, Ramón Martínez, Leonella Martínez, Carla Martínez y Fanny Villegas. Rojas tiene 30 causas en su contra y, aunque los abogados pidieron una audiencia para que se defina su situación carcelaria, aún no hay fecha establecida. Desde la fiscalía aseguraron que puede ser la próxima semana; todo dependerá de los siempre impredecibles tiempos de la Justicia.