El presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Congreso, Fernando "Pino" Solanas, aseguró que la mejor forma de resolver el conflicto entre Mendoza y la Pampa es formar un comité de cuenca que busque consensos en el manejo de las aguas del río Atuel. Solanas pasó por Mendoza camino a San Juan, donde presentó ante la Justicia un pedido de inconstitucionalidad de un acuerdo que firmó el gobierno de la vecina provincia con la  minera chilena Los Pelambres que le permitió dejar residuos contaminantes en el departamento de Calingasta.

El senador dejó en claro su postura respecto del conflicto que mantienen hace años ambas provincias. Dijo que en los casos de ríos que atraviesan varias jurisdicciones, el manejo del cauce debe ser consensuado por ambas, y que lo mejor es formar un comité de cuenca.

Solanas ponderó la experiencia del comité de cuenca del río Colorado, entre Neuquén, La Pampa y Río Negro. Juzgó que esa experiencia funciona bien, ya que logra acuerdos entre las tres provincias para la utilización de las aguas.

El senador dijo que la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que preside, lo único que puede hacer ante el conflicto es promover el debate entre ambas provincias. Explicó que en varias ocasiones acordaron encuentros con funcionarios de los dos estados, pero que luego se excusaron de participar y suspendieron las reuniones previstas.

Solanas recalcó que los integrantes de la comisión están dispuestos a contribuir para superar los conflictos ambientales existentes en todo el país, como lo hicieron luego del derrame de cianuro que se produjo en octubre de 2015 en la mina Veladero, de la empresa Barrick Gold, y que provocó la contaminación de ríos sanjuaninos.
 

El conflicto

El conflicto entre La Pampa y Mendoza por la utilización de las aguas del río Atuel se remonta a 1947, cuando se construyó la represa Los Nihuiles. En 1987 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dirimió el litigio: determinó que Mendoza tenía derechos adquiridos para regar hasta 75 mil hectáreas y el resto debía destinarse a La Pampa, y se expresó a favor de que ambas provincias negociaran y celebraran convenios para acordar la regulación en el uso del curso hídrico.

Pese a esto, el conflicto continuó, ya que en mayo de 2014 La Pampa demandó a Mendoza ante la Corte, argumentando que fue la causante de daños sociales, económicos y ambientales por no permitir la utilización de las aguas del río. La provincia contestó y su argumento central fue que nunca alcanzó a regar las 75 mil hectáreas que dispuso el máximo tribunal, sino que sólo llegó a 50 mil debido a la falta de agua.

Ambos estados permanecen a la espera de la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que deberá dirimir el conflicto de fondo.