El único testimonio de la jornada del martes fue el de Alicia Morales, actual integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que en los setenta militaba en la Juventud Universitaria Peronista, y quien fuera detenida en 1976 el D2 junto a su amiga María Luisa Sánchez, y su marido, Juan José Galamba, quien aún permanece desaparecido.

Morales, trasladada luego a la penitenciaría de Mendoza y a la cárcel de Devoto hasta que recuperara su libertad en 1980, recordó que la hija de Sánchez, de tan sólo 5 años “fue utilizada para torturar a su papá cuando fue manoseada y desvestida por militares en el D2 en un cuarto en presencia de su padre”.

Esta misma niña, denunció la mujer, “se suicidó al poco tiempo de un disparo que se propinó con un arma de su abuelo, cuando había sido devuelta por los militares a casa de sus abuelos”.

En tanto, los dos pequeños hijos de Morales, uno de casi 2 años de vida y el otro de unos meses, pasaron un día alojados en el D2 y luego fueron devueltos a unos familiares.

Morales fue quien denunció al ex comisario mendocino Carlos Rico, cuando su nombre trascendió como para ocupar un cargo dentro del Ministerio de Seguridad que dirigía Juan Carlos Aguinaga, pero que nunca se concretó.

El juicio oral, que comenzó a mediados de noviembre en esta Capital, investiga la participación de ocho imputados en diecinueve causas por delitos de lesa humanidad basados en “privación ilegítima de la libertad, homicidio agravado, torturas, desaparición de personas, allanamientos ilegales, y asociación ilí­cita”.

Se trata de los ex militares Tamer Yapur, Eduardo Smaha, Paulino Furió, Juan Agustín Oyarzábal, Celustiano Lucero, Luis Alberto Rodríguez, Mario Lépori y Dardo Migno.

Este debate, el segundo que se sustancia en la provincia de Mendoza luego de las condenas ya dictadas en San Rafael por los miembros del Tribunal II, se prolongará hasta mediados de marzo o principios de abril, lo que incluirá todo el mes de enero sin feria judicial.