San Rafael, Mendoza, 16 de febrero de 2014

Ref.: Ataque del gobierno de Mendoza a la APDH filial San Rafael

Estimadxs compañerxs y amigxs:

Me dirijo a Uds. para compartir la ingrata noticia de que la APDH filial San Rafael ha sido multada por la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Mendoza en $ 1500 (más que todo el patrimonio de nuestra ONG). 

Antes de un análisis imprescindible, comparto los hechos.

El 9 de septiembre de 2013 la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza inició por su propia iniciativa un expediente (5695-D-2013) caratulado “DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS ORDENA SUMARIO A ASAMBLEA POR LOS DERECHOS HUMANOS FILIAL SAN RAFAEL POR IRREGULARIDADES”. El sumario concluyó con la Resolución 3547/13 que dice: 

A) Que constatan que nuestra ONG presenta irregularidades (no dice cuáles).

B) Que nos emplazaron para que presentemos defensa y prueba y no la presentamos (nosotros no tuvimos conocimiento de ello). 

C) Dice que otra resolución (2543/13) declaró ineficaces TODAS las actas desde su reconocimiento estatal (2006) hasta la fecha “por no contar con el marco legal que resguarda a la asociación” (tampoco fuimos notificados ni entendemos a qué se refiere). 

D) Dice el artículo 2° de esta resolución/sanción que si no pagamos en 10 días (contados desde el 12/2/2014) nos disuelven y liquidan. 

Nos enteramos de todo esto de pura casualidad, ya que la resolución la enviaron por correo a un domicilio que no corresponde (era el que teníamos al momento de la constitución). La persona que la habita nos hizo llegar la carta que contenía la resolución. Nosotros habíamos comunicado fehacientemente los cambios de sede.

Debemos agregar que, efectivamente, estamos en mora con balances, no así con la elección periódica de autoridades.

Hasta acá los hechos. Ahora los pongo en contexto y análisis. 

1) El sumario se inició al día siguiente hábil de que nuestra ONG tuvo trascendencia en medios de comunicación (provinciales y nacionales) por haber prosperado en primera instancia la Acción de Amparo colectiva en defensa de los derechos de las minorías no católicas por actos escolares religiosos en las escuelas del estado.

2) Aunque es legal, es rarísimo que la Dirección de Personas Jurídica inicie un sumario a una ONG por iniciativa propia. En general intervienen ante denuncias.

3) Desde que esa repartición del estado provincial reconoció nuestra personería jurídica como filial de la APDH de Buenos Aires en 2006, la dirección de Personas Jurídicas de Mendoza nunca se “metió” con nosotros.

4) Al resolver que TODAS las actas desde 2006 a la fecha son ineficaces, obtienen una herramienta tremendamente eficaz para extinguirnos como persona jurídica ya que: a) no son eficaces las actas en las que cambiamos domicilio, por lo que nos “notifican” donde no podemos enterarnos; b) no son eficaces las actas en las que designamos abogados apoderados, por lo tanto limitan al mínimo nuestra capacidad de defensa; c) no son eficaces nuestras elecciones, quedando al borde de la acefalía irremediable.

Nuestra ONG, en cumplimiento de su objeto estatutario, ha criticado desde su fundación a la fecha, bajo gobiernos de distinto signo partidario, la vergonzosa y terrible situación de las cárceles provinciales y las sistemáticas violaciones a los derechos a la libertad ambulatoria, especialmente de jóvenes pobres trasladados a comisarías para “averiguación de identidad y antecedentes” (culpables de delito de aspecto o portación de rostro). Pero el estado ha sido muy eficaz en minimizar y diluir los planteos que hicimos por notas y entrevistas hechos ante las autoridades. 

Pero en 2013, ante violaciones a los derechos humanos de libertad de conciencia e igualdad generados por la irrespetuosa institución de actos religiosos en escuelas del estado, (ignorados una vez más por el estado provincial a través de la Dirección General de Escuelas), decidimos dar un salto cualitativo y sumar a la lucha declarativa y social, la dimensión judicial. 

Peligro: una ONG con personería jurídica que tiene legitimación para hace planteos incómodos a los que están acostumbrados a violar derechos. Eso es lo que el estado mendocino, o parte de él, no tolera. Al día siguiente de que conociera un fallo favorable a nuestros reclamos iniciaron nuestra lapidación. 

Pedimos solidaridad y difusión, pero que quede claro: No nos rendiremos.

Richard Ermili

Co-presidente APDH filial San Rafael