Las personas que sean condenadas por asesinar a su cónyuge, por otras formas de violencia de género, por lesiones gravísimas y por abusar de su hijo o hija perderán en forma automática la patria potestad. Así lo determinó el Senado de la Nación este miércoles 31, al aprobar una ley que modificó un artículo del Código Civil.

De acuerdo a la información publicada por la agencia Télam y por el sitio Parlamentario.com, las personas que cometan delitos contra su cónyuges perderán la responsabilidad parental, aun cuando sea en el grado de tentativa y tanto si fueron autor, coautor, instigador o cómplice.

La iniciativa determinó que en el momento en el que la condena quede firme, esto produce “de pleno derecho” la privación de la responsabilidad parental. La salvedad es cuando se trate de una mujer que asesinó a su pareja, en caso de que la Justicia determine que actuó en legítima defensa porque existió previa violencia de género.

La letra de la ahora ley fue redactada por los peronistas Juan Abal Medina y Marina Riofrío, quienes en los fundamentos destacaron que el objetivo es “evitar exponer a los menores a procesos de revictimización que no hacen más que vulnerar sus derechos humanos fundamentales, de indispensable cumplimiento para asegurar el desarrollo pleno e integral de la infancia".
 

Un caso emblemático

Hasta ahora, un padre o una madre condenados por estos delitos no era privado de la responsabilidad parental. Incluso podían tener la guarda definitiva de los pequeños.

Uno de los casos emblemáticos fue el de José Arce, condenado a prisión perpetua en 2008 por el femicidio de su esposa, Rosana Galliano, en el que también participó la madre del hombre, Elsa Aguilar, que fue condenada. Poco después, les concedieron a ambos el beneficio de la prisión domiciliaria y desde ese momento viven con los hijos de la mujer asesinada.

Los padres de la víctima, Graciela y Reinaldo, reclamaron en la Justicia la guarda de los pequeños, pero nunca les fue concedida. "Mataron a nuestra hija como a un perro y crían a nuestros nietos", repitió la mujer en distintas entrevistas que brindó a los medios de comunicación. Tanto la pareja como los hermanos de Rosana reclamaron ante los tribunales de Familia, pero no los escucharon.

La situación cambió en diciembre de 2016, cuando el titular del Juzgado de Familia N.º 5 de San Isidro, Carlos Ruiz, falló a favor de Oscar Galliano, hermano de la víctima, a quien concedió la tutela de los pequeños, que ya tenían 11 y 12 años. Desde el femicidio de su madre, cuando tenían 3 y 4 años, los niños perdieron la vinculación con sus abuelos y tíos maternos, porque su padre –condenado por asesinato– no permitió la vinculación.