El Plan Provincial de Ordenamiento Territorial carece de instrumentos que ordenen la situación de los barrios privados en Mendoza, que en muchos casos se emplazan en áreas de fragilidad ambiental, como el piedemonte o las zonas productivas. Esta es una de las conclusiones a las que arribaron los profesionales del Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas Públicas (Integrar), luego de analizar el proyecto que está en la Legislatura.

El director de Integrar, Alberto Molina, subrayó la trascendencia de que el Ejecutivo haya presentado el proyecto del plan en la Legislatura, un paso esencial para continuar con un proceso que Mendoza comenzó hace más de 20 años, pero que aún no cuenta con instrumentos prácticos para ordenar el territorio.

Ese proceso provincial comenzó cuando el sector científico, con la UNCUYO a la cabeza, frenó un proyecto de ley de ordenamiento que tenía sanción inicial y que estaba hecho a la medida del sector privado. Elaboraron una nueva iniciativa y en 2009 se aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, y se cumplieron varios de los pasos contemplados en la norma, ya que se conformó el Consejo de Ordenamiento (un órgano consultivo) y la Agencia, el brazo ejecutor de la norma. Pese a esto, nunca se aprobó el plan provincial, indispensable para que las comunas elaboraran sus propias líneas de acción.

En 2014, el exgobernador Francisco Pérez presentó un proyecto de Plan de Ordenamiento, pero el mismo fue rechazado tanto por la oposición (en ese momento el radicalismo) como por algunos representantes del sector científico. Por eso, la gestión de Alfredo Cornejo reelaboró la iniciativa y finalmente presentó su propuesta definitiva el 25 de abril en la Legislatura.
 

Palos y flores

Este último documento es el que analizaron los profesionales de Integrar, que provienen de distintas ramas del conocimiento y que en muchos casos participaron en alguna de las etapas del proceso que se inició hace más de 20 años. Concluyeron que el nuevo plan posee la misma estructura que el presentado en 2014, que en algunos aspectos se enriqueció, pero que también se eliminaron partes que consideraron sustanciales y creen que esto le resta potencia a la propuesta.

Uno de los aspectos que destacaron fue que se conservó la integración del territorio mendocino a través de nodos estructurales y nuevos polos de desarrollo. Sin embargo, consideraron que se debe volver a incorporar la denominación y jerarquización de los mismos que realizaron las comunas.

Para los profesionales, la denominación Unicipio, que aparece en el plan y que incluye a las comunas del Gran Mendoza, favorecerá la macrocefalia y la inequidad territorial si no se equilibra con el fortalecimiento de otras regiones. Y consideraron esencial que se establezca la relación entre el financiamiento que reciben las comunas del área metropolitana (especialmente del BID) y las destinadas a las zonas no irrigadas y al secano.

Uno de los aspectos que los especialistas resaltaron como negativo fue que el proyecto no especifica los instrumentos que se pondrán en marcha para ordenar la situación de las urbanizaciones cerradas. Aclararon que este tipo de inversión inmobiliaria pone en tensión las áreas de fragilidad ambiental de la zona metropolitana, específicamente el piedemonte y el cinturón verde.

Molina consideró indispensable que se incluyan definiciones concretas respecto de las urbanizaciones cerradas, aumentando el control sobre estos desarrollos tanto desde la provincia como desde las comunas y articulando las políticas de ambas.

El licenciado en Ciencias Políticas señaló que a Mendoza le falta contundencia en la regulación de este tipo de urbanizaciones, algo fundamental para una provincia donde hay más de 300 unidades construidas. A este número –explicó– se suman todas las que están en carpeta y que muchas veces son autorizadas a través de la Ley de Loteos, por lo que las comunas se quedan sin demasiado margen de decisión.

La Década Loteada

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Otra de las propuestas que señalaron los especialistas fue la necesidad de incorporar el reconocimiento a la propiedad comunitaria y a la tierra de los pueblos originarios para promover el arraigo para la producción y la vivienda.

Molina señaló una carencia que consideró esencial: acentuar la obligatoriedad y la disponibilidad en forma equitativa de los fondos provinciales abocados al ordenamiento territorial. Dejó en claro que, sin la existencia de esos recursos, la ley e incluso el plan se transformarían en letra muerta.

Otro de los aspectos que señalaron los profesionales fue la necesidad de regularizar la situación de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial. Consideraron imposible avanzar en el proceso, mientras el órgano ejecutivo siga sin presidente electo (luego de la muerte de Sonia Romero) y sin vocales que representen a los municipios y al Departamento General de Irrigación (DGI).

El proyecto del Plan Provincial de Ordenamiento está siendo analizado por los legisladores en la Comisión de Ambiente del Senado.