La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, renunció hoy a ser querellante en la investigación por la muerte de su ex esposo y padre de sus dos hijas, el fiscal especial del caso AMIA Alberto Nisman, al aludir a cuestiones de necesidad familiar, en un escrito presentado ante el magistrado Julián Ercolini.

"La presente decisión se impone, a esta altura, ya impostergable, ante la necesidad de adoptar medidas tendientes a garantizar la protección y salvaguarda del núcleo familiar primario de quien en vida fuera Natalio Alberto Nisman", sostuvo la magistrada en el escrito al que accedió Télam.

Nisman murió en enero de 2015 en un departamento que alquilaba en el barrio de Puerto Madero, en lo que para la Justicia se trató de un asesinato vinculado a la denuncia que había hecho poco antes a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y parte de su gabinete por supuesto encubrimiento del ataque a la AMIA a raíz de la firma del Memorándum con Irán, que preveía revisar la investigación de la justicia argentina sobre el atentado perpetrado en 1994 y que dejó 85 muertos.

Tras la muerte de Nisman, Arroyo Salgado se presentó como madre de sus dos hijas como querellante en la investigación por la muerte, al igual que la progenitora del ex jefe de la Unidad Fiscal AMIA, Sara Garfunkel, quien quedó ahora como única querellante en la pesquisa a cargo de Ercolini y delegada en el fiscal federal Eduardo Taiano.

"En uso de la facultad que me confieren los artículos 85 y 420 del Código Procesal Penal de la Nación vengo a desistir, de manera expresa, de continuar ejerciendo el rol de querellante", informó la jueza en el oficio que también firmaron sus abogados Federico Casal, Manuel Romero Victorica, Adriana Ayuso y Juan Pablo Vigliero.

Arroyo Salgado aludió al "impacto emocional causado por el hecho objeto de la investigación cuyas secuelas persisten al día de hoy", mencionó amenazas pasadas y actuales y sostuvo que existe "apremio de reconstruir en la actual coyuntura el proyecto de vida personal, familiar y profesional resquebrajado".

"Todo esto de manera tal de sobreponer la vida, salud, seguridad y bienestar de la familia postergados en pos del esclarecimiento de aquella muerte, cuyas singulares circunstancias demandaron un inconmensurable esfuerzo y sacrificio que fue más allá del curso natural de las cosas", agregó.

La ex esposa del fiscal asesinado aludió a un "escenario de amenazas previas y posteriores al hecho", aún no esclarecidas y "recurrentes al día de la fecha".

En el final del escrito, sostuvo la necesidad de "priorizar la paz y espiritualidad del núcleo familiar".

Arroyo Salgado remarcó que no renunciará a los derechos que le confiere la ley 27372 "de garantías a las personas víctimas de delitos".

El rol de querellante habilita a pedir medidas en la pesquisa, obliga a responder vistas judiciales y presentaciones de otras partes, a pedir y apelar procesamientos y en un futuro a ser parte de un juicio oral.

En la investigación está procesado el técnico informático Diego Lagomarsino, quien trabajó para Nisman, como supuesto partícipe primario del asesinato por haber sido quién -según su propio relato- le prestó al fiscal el arma usada para matarlo el fin de semana de enero de 2015.