Durante la última dictadura cívico-militar se trató de materializar, con la muerte y la desaparición forzada de personas, un cierto ordenamiento social y económico. Como sucede en otros contextos históricos y temporales, la Arqueología acude a recuperar la memoria que la impunidad, el miedo o el olvido callan en los documentos escritos o en los testimonios orales de aquellos crímenes.

El hallazgo de evidencias materiales permite responder interrogantes y hasta explicar situaciones que interesan para contrastar “las verdades ocultas” de una época cimentada por la mano que empuñó el arma y el silencio cómplice de una gran parte de la sociedad. Utilizando los métodos y las técnicas habituales del trabajo arqueológico, se pueden encontrar evidencias arquitectónicas y artefactuales en espacios silenciados: cambios en el paisaje, edificios demolidos, reconstrucciones.

La “Arqueología de la represión y la resistencia” constituye, en la actualidad, una especialidad dentro de la disciplina. Quizás el ejemplo más reconocido de participación de arqueólogos en la investigación de estos hechos sea la labor que lleva a cabo el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). La profesionalidad de este equipo, integrado por científicos de varias disciplinas, entre ellas la arqueología y la antropología forense, le ha otorgado prestigio y reconocimiento internacional. La labor de arqueólogos de todo el país ha permitido reconocer las evidencias materiales de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, entre otros, en “La escuelita” (Bahía Blanca), “La Perla” (Córdoba), “Pozo de Vargas” (Tucumán), “Club Atlético” (Buenos Aires). En estos últimos casos, por ejemplo, un equipo arqueológico continúa trabajando en el rescate y el mantenimiento de un Sitio para la Memoria.

Tareas de excavación en Campo Las Lajas (Archivo Incihusa).

Como integrantes del Instituto de Derechos Humanos de la UNCUYO, fuimos convocados a colaborar en las tareas de búsqueda de restos materiales y biológicos que encabeza el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) en la provincia de Mendoza en el Centro Clandestino de Detención “Campo Las Lajas”. Como es públicamente conocido y se encuentra ratificado en una causa judicial penal por delitos de lesa humanidad, en Las Lajas funcionó un centro clandestino. De él se ha constatado la sobrevivencia de dos personas, quienes en sus testimonios denuncian que vieron en carpas y en las instalaciones a numerosos prisioneros en tiempos distintos. En su investigación, el MEDH, querellante judicial, logró identificar por medios documentales a cinco de aquellos detenidos hoy desaparecidos, entre ellos al profesor Mauricio López, rector de la UNSL y egresado de la UNCUYO. El secuestro de prisioneros políticos concluyó, en muchos casos, con la condena a muerte y la consecuente desaparición forzada, sustentada en una orden precisa que establecía “que los cuerpos no se entregaban”.

Actualmente se realiza una pericia judicial, dirigida en forma conjunta por integrantes del MEDH y peritos geólogos de la Universidad de San Luis, quienes desde hace años realizan los estudios de campo y, en gabinete, el análisis de imágenes aéreas y satelitales, la demarcación de puntos de interés y el tipo de intervención a concretar. Nuestra participación consiste en los estudios de prospección sistemática y en el control de excavaciones ad hoc que se efectúan en el terreno, una vez determinados ciertos espacios restrictos cuya vinculación hipotética con entierros debe contrastarse.

A fines del año pasado se hallaron partes de automóviles ocultos a más de cinco metros de profundidad, aprovechando una hollada producida por una bomba arrojada desde el aire en años anteriores al golpe militar, cuando el lugar era un campo de tiro de la IV Brigada Aérea. La hipótesis de trabajo estima que la materialización de esos entierros se produjo a mediados de la década de 1980, en coincidencia con el primer juicio a la Junta Militar. La confirmación de su relación con posibles entierros humanos es una tarea a dilucidar. Lo incontrastable es que allí se planificó y determinó ocultar esas carrocerías previamente reducidas por corte con soldadura autógena, seguramente relacionadas con ilícitos ocurridos en aquellos años, puesto que ese hallazgo denota que se involucró maquinaria y personal para abrir la fosa de gran magnitud y volver a cubrirla.

Para nosotros, participar de las tareas de investigación de la materialidad de estos hechos implica un compromiso político desde la convicción de que nuestra profesión debe dar respuestas a la sociedad que nos sustenta a diario en la incesante búsqueda de verdad y justicia.