Organizaciones de derechos humanos, y de género y diversidad defendieron el jueves 11 de octubre en la comisión de Salud del Senado provincial la aplicación de la Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación responsable del ministerio de Salud de la Nación. Una semana antes, los legisladores habían recibido a grupos que en “nombre de la familia” rechazan de plano la aplicación del protocolo en casos de violación, dirigidos por su aversión a la despenalización del aborto, medida a la que lo asimilan erróneamente.

Por el tono general que presentó aquella primera audiencia, las representantes de las organizaciones que adhieren a la iniciativa, dejaron en claro minutos antes del encuentro con los legisladores que no iban a dedicar la sesión para discutir el aborto no punible porque se trata de una discusión que está cerrada.

“Venimos a hacer ejercicio de este derecho como ciudadanas y a dar las razones de por qué la Legislatura está obligada a protocolizar en función de los estándares que ya están fijados constitucionalmente, legalmente y jurisprudencialmente desde el 13 de marzo”, expresó la Dra. Mariana Hellin, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.

En concreto, la abogada se refirió a la ratificación que la Corte Suprema de Justicia hizo a mediados de marzo sobre lo establecido por el artículo 86 inciso 2 del Código Penal que instituye la eliminación de penas para la realización de interrupciones de embarazos en todos los casos de violación. En la ocasión el máximo tribunal también exigió a los Estados provinciales la elaboración y aplicación de protocolos que faciliten el cumplimiento de la norma.

Para conformidad de los llamados grupos “pro vida”, el Gobierno mendocino desoyó el fallo del máximo órgano de Justicia, lo que motivó a la diputada radical Liliana Vietti a presentar el proyecto de adhesión y adopción a “la guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles del Programa Nacional de la Salud Sexual y Procreación Responsable”. Esta, fue creada en el 2007 por el Ministerio de Salud de la Nación. La pronta aplicación del instructivo que la legisladora propuso cumplimentar obtuvo la media sanción en la cámara baja.

Ahora la iniciativa se analiza en comisiones de la cámara alta, cuyo tratamiento se advierte dilatado a merced de sus detractores que encuentran representación en la mayoría de los senadores provinciales, oficialistas y opositores.

Por la salud de las mujeres

Volvamos a la segunda audiencia llevada a cabo en la comisión de Salud -pues se dispuso que Salud y Asuntos Constitucionales sean las instancia en donde se analice el proyecto- mal que le pese a María Estela Lemos, secretaria de la Sociedad de Instructores de Métodos Naturales, que en la primera sesión dijo que “el aborto es un problema de ética, no legal ni de salud pública”.

La primera en tomar la palabra -ya en la audiencia de adhesión a la guía-, fue la responsable del Instituto de Género de la Universidad Nacional de Cuyo, Alejandra Ciriza. La investigadora recordó que la cuestión del aborto no punible está regulada en el Código Penal desde 1921, y que tanto el fallo de la Justicia como el proyecto de Vietti sirven a los efectos de reforzar los enunciados del Código y las falsas interpretaciones que se han realizado al respecto y que han terminado por obstaculizar el derecho.

En respuesta a argumentos contrarios a la aplicación del protocolo que equiparan interrupción del embarazo con homicidio -tal como expuso en la audiencia anterior el vicepresidente del Centro de Investigaciones de la Problemática Familiar, Ricardo Prado, al considerar que “una ley que legaliza el aborto es repugnarte e inconstitucional porque establece la pena de muerte de un inocente”- Ciriza explicó que “aborto y asesinato son semánticamente distintos, y se diferencian también en las valoraciones jurídicas respecto de la pena que se propone para cada caso”.

Agregó que “la letra del Código asimila la violación a un atentado al pudor, cuando es un atentado a la integridad sexual de la mujer. Junto a esto también hay una tradición interpretativa restrictiva que resulta perjudicial para la salud y vida de la mujeres, sobre todo de sectores populares”. 

Por su parte, la dirigente y defensora de derechos humanos Angélica Escayola, recalcó que el escenario actual es de ampliación y acceso a los derechos. Por lo cual los funcionarios y representantes del Estado deberían “estar a la altura de los requerimientos de la sociedad”, en referencia a la existencia real y concreta de abortos clandestinos que sólo se cobran la vida de las mujeres más pobres.

En este sentido, Escayola celebró que haya sido una opositora la que presentó el proyecto, ante la necesidad de cumplir con lo establecido por el Código Penal y el fallo de la Justicia: “La política es eso, dar respuestas a la ciudadanía”, remarcó.

Sobre las “sospechas” manifestadas por los “pro vida” -sustentadas en sus propios prejuicios de género- de que la aplicación de la Guía Técnica sobre casos de violación abriría la puerta a la realización “indiscriminada de abortos”, la dirigente sostuvo que “en el caso del aborto no punible no hablamos de un derecho que se regala o se otorga como nuevo, sino que se pide que se cumpla con lo que ya está en la ley. Estamos tratando una excepcionalidad”. De esta manera Escayola acusó a aquellos grupos de accionar mediante la presión en vistas a sus propios intereses personales. “Es preciso lograr consenso social para permitir a las mujeres de sectores populares poder ejercer sus derechos”, exigió a los legisladores presentes.

“¿Qué opinaría usted señor senador si esta desgracia de la violación alcanza a una hija suya?” interpeló al presidente de la comisión -el demócrata Ernesto Corvalán-, hacia el final de su exposición.

El vacío de respuesta que dejó el legislador fue colmado por la misma dirigente al sostener que la problemática tiene su origen en una cuestión discriminatoria de las mujeres: “que les debería interesar a todos. Todos tenemos derechos a opinar, de lo que no tenemos derecho es a imponer lo que los empresarios de la salud y los grupos religiosos quieren a costa de la salud de las mujeres”.

“Estamos discutiendo sobre la manera en que se aplicará el protocolo, si debe modificarse lo haremos pero se llevará cabo”, dijo una voz que salió de la mesa de los legisladores con la pretensión de poner paños fríos a la contundencia del discurso de Escayola. A lo que ella automáticamente intervino: “Todo tiempo cuesta vida senadores”.

Dos veces víctimas

De parte de algunos senadores ha surgido la intención de realizarle modificaciones o agregados a la iniciativa de Liliana Vietti, cuando no la creación de proyectos alternativos contrarios a lo estipulado por la norma nacional.  Las reformas que se proponen mayoritariamente tienen que ver con adicionar límites gestacionales para la intervención quirúrgica y la obligatoriedad de la denuncias para que la mujer violada pueda solicitar la autorización correspondiente.

Y las medidas paralelas van desde la aplicación restringida del protocolo -en completa disonancia con el fallo de la Corte, por lo tanto inconstitucional- solo sobre mujeres violadas que sean “dementes o idiotas”, idea impulsada por la justicialista Claudia Segovia, hasta el proyecto complementario que impulsa otro justicialista, el senador Matías Stevanato, que plantea la asistencia estatal -médica y económica- para la mujer embarazada como consecuencia de una violación y el niño resultante de la misma a través del sistema de adopción.

Rosa López Blanch de la Liga de Madres de Familia cuestionó en el primer encuentro que organizó la comisión de Salud el proyecto de adhesión al protocolo por considerar que “desampara y no ofrece solución a la mujer violada. No prevé mecanismos de acompañamiento a la mujer y no establece limite gestacional”.

Como respuesta a este tipo de objeciones, la representante de la organización feminista “Ultravioletas” señaló que el protocolo que se apruebe aquí no debe incluir más requisitos que los que contempla la Guía Técnica de la Nación “ya que debe agilizar y no entorpecer el mecanismo. Es por esto que no se debe incluir la denuncia de violación ya que ese proceso dilataría el cumplimiento del derecho”.

Asimismo Mercado coincidió en que “el aborto no punible no es una solución a la violación”, por lo que propuso que el tema debe ser abordado por otras políticas públicas. La joven señaló también que hay mujeres que deciden continuar con embarazos producidos a partir de una violación, y que las seguirá habiendo. Por lo tanto, es necesario legislar sobre las que no lo desean.

“Ni los funcionarios, ni nosotras somos quién para decir qué es mejor para una mujer que ha sido violada, cada una lo debe decidir personalmente. Y su voluntad debe ser respetada y garantizada su salud por el Estado”, concluyó.

Desde la Asociación Ecuménica de Cuyo habló María Rosa Goldar, quien también rechazó la obligatoriedad de las denuncias para evitar que las mujeres violadas sean expuestas al flagelo de la revictimización.

“Adoptar la guía es también un acto de justicia social, porque las que se ven expuestas cotidianamente son las mujeres más pobres, justamente las que dependen del servicio público de salud”, expresó Goldar para concluir su intervención.

¿Mujeres incubadoras?

Los grupos autodenominados “pro vida” imponen la continuidad del embarazo no deseado de la mujer violada argumentando como “alternativa” la posibilidad de que una vez nacido el niño sea entregado en adopción.

Iris Lucchesi, referente de la organización Nuestros Cimientos Orientación Familiar reflejó claramente esta postura en la primera audiencia: “una mujer violada puede llevar adelante un embarazo, y eso es un acto de grandeza que podría ayudarle a superar el trance”. Hasta osó ubicarse en el cuerpo y en el lugar de una mujer portadora de un embarazo forzoso al proponerles desde la institución que representa, “asistencia y acompañamiento” durante la gestación y luego de ésta.

La Dra. Sara Gutiérrez, miembro de Las Juanas y las otras, ofreció su enfoque psicológico para contrarrestar la falacia de la posibilidad de la maternidad impuesta a partir de actos violentos y no deseados. “Está en juego lo que las mujeres llamamos política sexual sobre nuestro cuerpo. Cuando una mujer o niña violada sufre un embarazo, psicológicamente esto equivale a una nueva violación. Se es madre biológica o por adopción cuando se decide serlo, de forma pensada o por sentimiento, pero no por imposición gestacional. Esto lleva a que simbólicamente el resultado de un embarazo por violación no sea un hijo o hija, lo cual impide cumplir con la maternidad”, detalló.

Gutierrez apoyó sus argumentos en la investigación realizada por la psicóloga Liliana Mizrahi, en donde advierte la imposibilidad de sostener la maternidad a partir de un sometimiento que a su vez responde al mandato biologicista y cultural propio del patriarcado.

“¿Usted gestaría algo a partir de la violación? No. No se puede gestar ni a una madre ni a un hijo surgidos en esas condiciones”, preguntó y respondió retóricamente.

Para dejar en claro la situación de injusticia generalizada que atraviesan las mujeres argentinas ante el avasallamiento de este derecho constitucional -que paradójicamente advierte oportunidad de cumplimiento efectivo en un proyecto legislativo- , Gutiérrez leyó durante su participación en la audiencia un apartado del libro “Mujeres libres y crímenes sociales” de la misma Mizrahi que vale la pena retomar:

“A muchas mujeres las abusan sus propios padres, las abusan jueces y juezas, las abusan leyes y prejuicios, las abusan las iglesias y sus dogmas crueles y viejos, dogmas sin memoria, las abusan los médicos que se desentienden o se aprovechan de ellas, las abusan los abogados que no las defienden, las abusan los grupos pro-vida que las condenan a muerte o las mandan a matar en la clandestinidad”.

Los detractores del proyecto de Vietti -y por extensión del derecho a decidir de las mujeres- aducen “riesgos físicos y consecuencias psicológicas graves” en las mujeres desprendidas de la práctica abortista.

Está probado científicamente que los riesgos físicos tienen lugar cuando la clandestinidad que condiciona a la práctica carece de profesionales médicos, instrumental sanitario y cuidados correspondientes. Esta garantía de sanidad se paga, tiene un precio muy alto en el sistema ilegal de salud, por lo que son las mujeres pobres las únicas que sufren consecuencias peligrosas al momento de interrumpir un embarazo.

Respecto a las secuelas psicológicas, la licenciada Macarena Chirino puso a disposición de los legisladores un cúmulo de estudios científicos que dan por tierra los argumentos que pretenden presentar una imagen “atormentada” de la mujer que decide dar fin a la gestación impuesta. Sintetizó que  las consecuencias más grave  son las que se desprenden del hecho de conservar un embarazo al que se rechaza y las de someterse a la clandestinidad para dar fin al mismo. “El aborto es alivio para la mujer”, remarcó.

Compañeros

El aborto es un tema que se vincula directamente a las mujeres pero que atañe a todos. Los hombres deben involucrarse con esta lucha básicamente por tratarse de un derecho humano fundamental negado a las mujeres por cuestiones que atañen a lo cultural. En este sentido cabe destacar la participación en la audiencia dispuesta para argumentar a favor de la iniciativa del responsable del Observatorio de Derechos Humanos, Marcelo Stern, y del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Cuyo, Dr. Carlos Lombardi.

El primero subrayó el fallo de la Corte para dar por terminada las erróneas interpretaciones que históricamente sufrió el artículo 82 del Código Penal. “No estamos discutiendo ni el Código Penal ni el fallo. Lo que estamos discutiendo es un protocolo para que se cumpla de manera correcta”.

Mientras que el segundo reiteró la laicidad del Estado y el carácter “constitucional” de la medida al sostener que los pactos internacionales -tales como El Pacto de San José de Costa Rica y los Derechos del Niño, presentes en nuestra Constitución Nacional- , “garantizan el derecho a la vida´ en general´, lo cual no es un reconocimiento ‘absoluto, sino que es un reconocimiento que presenta excepciones, como este caso”. Explicó que al momento de ser firmadas dichas convenciones existían países, como Argentina, que ya legislaban sobre el aborto.

Finalmente advirtió que si la provincia no sanciona un protocolo, debe entrar en vigencia de manera directa el protocolo nacional, según normas constitucionales.