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La ONU continuará por dos años la misión que investiga los crímenes de lesa humanidad en aquel país. Solo tres países votaron en contra.
Foto: ABC Diario
Unidiversidad / Fuente: Infobae
Publicado el 06 DE OCTUBRE DE 2020
Con 22 votos a favor, tres en contra y 22 abstenciones, la ONU aprobó que se sigan investigando las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela.
Esto significa que se renueva por dos años el mandato de la Misión de Determinación de Hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad en el país caribeño, que se condenan las violaciones a los DD. HH. ya comprobadas y que se llama a celebrar elecciones libres.
Votaron a favor Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Brasil, Bulgaria, Chile, República Checa, Dinamarca, Fiji, Alemania, Italia, Japón, Islas Marshall, Holanda, Perú, Polonia, Corea del Sur, Eslovaquia, España, Ucrania y Uruguay. Se abstuvieron Afganistán, Angola, Armenia, Baréin, Bangladés, Burkina Faso, Camerún, Congo, India, Indonesia, Libia, Mauritania, México, Namibia, Nepal, Nigeria, Pakistán, Catar, Senegal, Somalia, Sudán y Togo. En contra solo lo hicieron la propia Venezuela, Eritrea y Filipinas.
El proyecto que se presentó este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU –para que el organismo continúe investigando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y condene al gobierno de Maduro– fue firmado por más de 50 países.
A lo largo del documento, los países firmantes manifestaron su alarma por distintos aspectos específicos de la crisis “civil, política, económica, social y cultural” que tiene lugar en el país.
“Expresa profunda preocupación por la situación de los derechos humanos y el medio ambiente en la región del Arco Minero, donde existe explotación laboral de los mineros, así como trabajo infantil, trata de seres humanos y prostitución forzada”, expresa un párrafo.
En otro pasaje del proyecto, los países refieren a otro aspecto humanitario: la inseguridad alimentaria y la emigración masiva. Por ello, “expresan profunda preocupación porque más de 5 millones de personas se han visto obligadas a abandonar” el país y porque 7 millones –un tercio del país– carezcan de seguridad alimentaria y necesiten asistencia.
A nivel general, el documento refiere al reciente informe de la Fact Finding Mission (FFM, Misión para Determinación de los Hechos, por sus siglas en inglés), que determinó que “Maduro tiene responsabilidad directa en estos crímenes de lesa humanidad”. En paralelo, remarca “el socavamiento” de la independencia del poder judicial, expresada en “la falta de transparencia en el proceso de nombramiento de jueces” y los lazos del Tribunal Supremo con el régimen. "Contribuyen a la impunidad y a la persistencia de violaciones de los derechos humanos y obstaculizan la celebración de elecciones libres, limpias, transparentes y creíbles”, expresa el documento.
El proyecto firmado por más de 50 países
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