Fuentes gubernamentales confirmaron a Télam que la presentación ante la jueza de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, ampliará los argumentos ya esbozados la semana pasada luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó tratar el caso y en consecuencia ratificó la continuidad en la justicia de aquel país.

Preska convocó para la mañana del 11 de julio a una audiencia entre la Argentina, la empresa YPF y los demandantes del fondo de inversión Burford por el denominado Caso Petersen, y dispuso que hasta mañana las partes tendrán plazo para la presentación de los escritos con los ejes principales de sus argumentaciones.

En esa instancia, se espera que la jueza -en función de la audiencia- anuncie antes de fines de julio si la demanda continuará o de lo contrario ordena iniciar una negociación para el pago a los demandantes.

La demanda comenzó en 2015 cuando el fondo Burford adquirió la mayoría de los derechos de litigio de las empresas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, según las cuales el Estado argentino, cuando nacionalizó YPF debería haber hecho, según los estatutos de la petrolera, una oferta pública de adquisición (OPA) por el 49% del paquete accionario que no estaba en manos del principal accionista, la española Repsol. 

Un fallo adverso para la Argentina en el juicio iniciado por Burford le podría costar al país entre US$1.750 y US$3.000 millones, según distintas estimaciones.

La postura que la Argentina le anticipó a la jueza que serán la base de sus argumentaciones se fundamentó en tres puntos.

El primero de éstos plantea que ese tribunal "carece de jurisdicción debido a las demandas presentadas por Petersen Energía Inversora y Petersen Energía se basan en los estatutos de YPF, de conformidad con la ley argentina (...) y sujetas a la exclusiva jurisdicción de los tribunales argentinos". 

En un segundo argumento, que se plantea sobre la base de la doctrina de forum non conveniens y que atiende "circunstancias modificadas sustancialmente", se afirma que "la Argentina identificó a varios testigos clave que ahora están en prisión, acusados o que no pueden viajar fuera de Argentina sin una orden judicial".

Como tercer argumento, se destaca que "Petersen ya no era un accionista de YPF cuando los actos de Argentina (la expropiación) que dan lugar a la demanda en realidad se produjeron en 2014", se precisó al destacar que el demandante "en 2012 había incumplido obligaciones y sus acreedores habían ejecutado sus acciones de YPF para convertirse en los nuevos tenedores".

Fuente: Telam