El embarazo adolescente tiene impacto sobre las oportunidades educativas, empleo e ingresos de las mujeres. Sin embargo, el costo también es significativo para el Estado, ya que afecta el desarrollo socioeconómico del país y la región. No prevenirlo le cuesta a la Argentina más de 200 millones de dólares al año en gastos de salud, lo que equivale al 0,44 % del PIB. Especialistas señalan que invertir en mejores servicios asistenciales para adolescentes, educación sexual integral y métodos anticonceptivos es más rentable para los gobiernos que abordar las consecuencias de la problemática.

“Invertir en la prevención del embarazo en adolescentes es una buena política económica y de inversión, ya que se estima que se pueden obtener entre 15 y 40 dólares en beneficios por cada dólar invertido, dependiendo del país. Estos beneficios no solo se traducen en ahorros económicos, sino también en una mejora en la calidad de vida y las oportunidades para las adolescentes y sus hijos e hijas”, señala el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en su reciente informe “El precio de la desigualdad: consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes y la maternidad temprana en América Latina y el Caribe”.

Allí analiza la situación de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam. Los resultados se obtuvieron sobre la base de la metodología Milena, que desarrolló esta agencia de la ONU para estimar el impacto económico del embarazo y la maternidad adolescentes, y giran en torno a cinco dimensiones: educación, participación laboral, ingresos, gastos en salud y pérdidas fiscales.

“Adolescentes que deberían estar llenando aulas, conquistando el mundo, se ven atrapadas en un ciclo de pobreza, desigualdad y oportunidades perdidas”, sostiene Susana Sottoli, directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, en el prólogo de la investigación.

En América Latina y el Caribe, según estimaciones de las Naciones Unidas, entre 2010 y 2024 disminuyó de manera notable la tasa específica de fecundidad adolescente (TEFA) tanto en el grupo de 15 a 19 años como de 10 a 14 años. Pasó de 73,1 a 50,6 y de 3,6 a 2,3 respectivamente. Sin embargo, la región sigue teniendo la segunda TEFA más alta del mundo, después de África subsahariana, y el 67 % de los embarazos en adolescentes no son intencionales.

El costo para el Estado

Uno de los puntos que destaca el informe es que, en 2020, la Organización Panamericana de Salud (OPS) advirtió que la atención en salud de los embarazos en adolescentes representa una carga económica para los sistemas de salud pública en América Latina y el Caribe, debido a los costos asociados con la atención prenatal, el parto y las complicaciones de la maternidad temprana. A estos se suman las inversiones para mitigar los riesgos de salud de esas madres, sus hijos e hijas, ya que tienden a ser mayores que los de las madres en edad adulta.

De acuerdo a los datos de los 15 países analizados, los gastos en salud asociados al embarazo en adolescentes ascienden a un total de 803 millones de dólares, lo que equivale al 0,07 % del PIB conjunto de los países. México lidera con el mayor gasto total, que alcanza los 305,9 millones de dólares, seguido por Argentina, con 200,5 millones de dólares, y Ecuador, con 77,2 millones de dólares. En contraste, países como Guyana (1,2 millones de dólares) y Colombia (4,1 millones de dólares) registran los costos más bajos. Las cifras ponen de manifiesto las desigualdades en la inversión en salud entre países de la región. En Argentina y México, donde hay altos niveles de gasto, la carga económica se ve agravada por la cantidad de madres adolescentes embarazadas.

Además de la órbita de la salud, el Estado se ve afectado por esta problemática al no recibir ingresos fiscales por ingresos laborales (IFNPI) de aquellas que, por la maternidad temprana, tienen más dificultades para acceder al mundo del trabajo. Estos ingresos representan una fuente clave para financiar programas sociales, infraestructura y servicios públicos, y su pérdida refleja cómo las diferencias económicas individuales pueden repercutir a nivel macroeconómico. Las mujeres adolescentes embarazadas o madres en esa etapa de la vida tienen más obstáculos para estudiar y trabajar, lo que profundiza las desigualdades y la pobreza.

Los países relevados registran una renuncia fiscal de alrededor de USD 1000 millones (el 0,06 % del PIB conjunto de los países) debido a la maternidad temprana, en virtud de los ingresos fiscales no percibidos por IFNPI. En Argentina, esos ingresos tributarios no percibidos son 66.438.967 dólares. Nuestro país está en el cuarto lugar. México lidera con la mayor cifra, con 585,6 millones de dólares, seguido por Panamá, con 79 millones de dólares, y Perú, con 73 millones de dólares.

Qué hace Argentina para abordar el tema

En 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, se implementó el Plan de Prevención de Embarazo no Intencional en la Adolescencia de Argentina (Plan ENIA) en las 12 provincias con las TEFA más altas. Desde entonces y hasta 2023, este programa contribuyó a reducir en el 50 % el valor nacional (de 50 cada 1000 adolescentes en 2018 a 25 por cada 1000 adolescentes en 2023). Esto generó un beneficio social para el país estimado en 165.452.723 de dólares, lo que representó 4,3 dólares de retorno por cada dólar invertido en el Plan ENIA.

Sin embargo, el gobierno nacional actual suspendió el año pasado los fondos destinados a sostener las oficinas en las que funcionaba el Plan ENIA en cinco provincias, despidió a 619 personas de los equipos operativos que se desempeñaban en 12 jurisdicciones y desfinanció las partidas presupuestarias destinadas a la compra de insumos. Las medidas pusieron en riesgo el funcionamiento del programa y sus resultados.

Estrategias

“Existen soluciones efectivas que muchos países han estado implementando con éxito (...) Cálculos del Unfpa muestran que, por cada dólar invertido en la prevención del embarazo en adolescentes, se obtiene un retorno de hasta 40 dólares. Es una inversión en el presente y en el futuro, un camino hacia la prosperidad y la igualdad. Es crucial dar a las adolescentes las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas, para trazar sus propios destinos y para acceder a oportunidades de vida”, dice Sottoli.

La directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas indicó que es crucial que los Estados tengan a su disposición instrumentos de política efectivos para eliminar el embarazo en adolescentes. “Estos beneficios no solo se traducen en ahorros económicos, sino también en una mejora en la calidad de vida y las oportunidades para las adolescentes y sus hijos e hijas”, sostiene Sottoli. Recalca también que ya hay experiencias exitosas en la región que han resultado en disminuciones de hasta el 50 % de la tasa específica de fecundidad adolescente en un periodo relativamente corto.

Sottoli enumera algunas medidas efectivas a tener en cuenta:

• Diseñar estrategias nacionales de reducción del embarazo en adolescentes con participación de todos los sectores y niveles del Estado y la sociedad civil;

• Garantizar el acceso informado a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, incluyendo métodos anticonceptivos modernos, especialmente de larga duración;

• Crear leyes que prohíban el matrimonio infantil y las uniones tempranas;

• Promover la participación y el empoderamiento de las adolescentes;

• Asegurar el acceso a Educación Integral de la Sexualidad. Al implementar estas medidas y trabajar en conjunto, se puede lograr un futuro en el que cada adolescente tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y construir un proyecto de vida próspero.