El Congreso de la Nación declaró a través de la Ley 26320 la fecha del 22 de noviembre como “Día  Nacional de la Gratuidad Universitaria”. El día fue elegido  en conmemoración a la misma fecha del año 1949, cuando el entonces Presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, firmó y promulgó el decreto 29.337 de gratuidad de la enseñanza universitaria, permitiendo el acceso a todos los sectores sociales.

Pese a los intentos de arancelar la educación perpetrados por las dictaduras cívico militares que tuvieron lugar en este país a partir de 1955 - año en que se llevó a cabo el golpe de Estado sobre el segundo gobierno peronista - ; y a las tentativas de privatizar las universidades nacionales a cargo de los gobiernos de corte neoliberal que asumieron ya en democracia, los argentinos supieron defender durante más de 60 años este derecho humano que permite el desarrollo integral de los ciudadanos y de la nación.

La gratuidad de la enseñanza universitaria pública en Argentina sigue siendo hasta la fecha una política de avanzada en materia educativa en Latinoamérica si se tiene en cuenta que históricamente los movimientos estudiantiles de los países de la región mantiene vigente la lucha por una educación gratuita y de calidad.

A continuación NU Digital expone los argumentos que fundamentaron el Decreto 29.337 impulsado por Perón:

- Que el engrandecimiento y auténtico progreso de un pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcanza cada uno de los miembros que lo componen.

- Que por ello debe ser primordial preocupación del Estado disponer de todos los medios a su alcance para cimentar las bases del saber, fomentando las ciencias, las artes y la técnica en todas sus manifestaciones.

- Que atendiendo al espíritu y a la letra de la nueva Constitución es función social del Estado amparar la enseñanza universitaria a fin de que los jóvenes capaces y meritorios encaucen sus actividades siguiendo los impulsos de sus naturales aptitudes, en su propio beneficio y en el de la Nación misma.

- Que como medida de buen Gobierno, el Estado debe prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiren a contribuir al bienestar y prosperidad de la Nación, suprimiendo todo obstáculo que les impida o trabe el cumplimiento de tan notable como legítima vocación.