Argentina y Brasil lograron el acuerdo necesario para poder utilizar, de manera conjunta, las pruebas recolectadas por el país vecino en los casos conocidos como Lava Jato y Odebrecht. Este acuerdo permitirá a los fiscales investigar los presuntos casos de sobornos a políticos locales del kirchnerismo por parte de empresas involucradas en el escándalo carioca.

En síntesis, lo que ocurrió fue que el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, convalidó los términos del modelo de compromiso con las autoridades del Ministerio Público de la República Federativa de Brasil, en el marco de los mencionados casos.

Ahora, los fiscales argentinos podrán acceder a las informaciones y pruebas reveladas en Brasil por las personas que decidieron colaborar con las pesquisas realizadas en Brasil a través de acuerdos de lenidad o de delación premiada.

El acuerdo fue el fruto de cinco meses de trabajo diplomático entre los organismos judiciales de ambas partes. Fuentes de la Procuración informaron que el texto final aprobado “logra respetar los estándares derivados de convenios internacionales que los dos Estados han suscrito, los principios y normas jurídicas internas de cada país y se ajusta a los términos de los acuerdos de colaboración que las empresas y personas involucradas han celebrado en Brasil".

Las evidencias a las que ahora podrá acceder la Justicia argentina permanecían inaccesibles desde hacía 13 meses en Brasil. Toda esta documentación, vinculada directamente con el modus operandi de las coimas de Odebrecht, ahora estará disponible para servicio de las investigaciones que se realizan en el fuero federal local.

El primero que podrá hacer uso de esta valiosa información es el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. El magistrado lleva la causa en la que está implicado el ex vicepresidente de Odebrecht para América Latina, Luiz Antonio Mameri, a quien ya citó a indagatoria por el presunto pago de sobornos a funcionarios argentinos en el proyecto para soterrar el tren Sarmiento.

Martínez de Giorgi también impulsa uno de los expedientes por obra pública en la que Odebrecht admitió haber hecho sobornos por USD 25 millones a políticos locales para realizar la extensión de las redes troncales de gasoductos. Además, el magistrado podría hacerse cargo del expediente que por el momento está en manos del también juez federal Daniel Rafecas. Rafecas se declaró incompetente para tratar ese caso antes de la feria judicial y remitió el expediente precisamente a Martínez de Giorgi, quien ahora debe decidir si acepta o rechaza el pase.

Por otro lado, las demás causas que también podrán beneficiarse con el acuerdo son las que actualmente instruyen los jueces federales Sebastián Casanello y Luis Rodríguez, en las cuales se investiga, respectivamente, la construcción de una planta potabilizadora de agua para AySA en Paraná de las Palmas y la de una planta de reformado catalítico continuo para YPF en Ensenada.