“Hemos trabajado tantos años para encontrar al menos un papelito de lo que se llamó la 'subzona 33', donde hubo por lo menos 200 desaparecidos”, pronunció con voz de esperanza Elba Morales, del movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) ayer martes por la noche, un día después de haberse cumplido 38 años del último golpe militar. Sus palabras fueron escuchadas por toda la gente que colmó el auditorio Ángel Bustelo para presenciar un momento histórico: la entrega por parte del ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, al Gobierno de Mendoza y a representantes de organismos de derechos humanos, de dos archivos de las actas de la dictadura. Se trata de dos de los 280 documentos que la Junta Militar dejó tras reuniones que hizo entre 1976 y 1983.

“Esas actas fueron halladas el 31 de octubre del año pasado, no las estábamos buscando, las encontraron las Fuerzas Armadas en el subsuelo del Edificio Cóndor. El jefe de la Fuerza Áerea tomó la decisión de entregarlas al Gobierno, una determinación que yo valoro”, sostuvo Rossi. Desde ese momento, es decir, hace cinco meses, el Gobierno Nacional se empeñó en clasificar estas actas, ordenarlas y hacerlas públicas. “Queríamos llegar a este 24 de marzo con la documentación al alcance de todos los argentinos y argentinas”, subrayó Rossi. “Esta documentación es importante porque es la historia desde el punto de vista de los opresores, tiene un valor simbólico y será la justicia la que sabrá si tiene o no un valor probatorio en los juicios que se están llevando adelante”, continuó.

Ahora, dos de esas actas en las que, por ejemplo, los represores decidían dejar de usar el término “desaparecido” y cambiarlo por el de “persona de paradero desconocido” están en la provincia.

Con ojos emocionados y agradecidos, las Madres recibieron de manos de Rossi y del gobernador Francisco Pérez uno de los archivos. Hubo abrazos, lágrimas y miradas al pasado, pero también al futuro. “Es un reconocimiento enorme para nosotros”, dijo Morales, y la copia del acta que el ministro entregó al movimiento Ecuménico (MEDH) quedó en la biblioteca de la Fundación sita en calle San Lorenzo de Ciudad.

Después, en el mismo acto (que incluyó mucha militancia de los derechos humanos, social y política, porque la entrega de estos archivos se hizo en el marco de un encuentro de La Corriente Nacional de la Militancia, un sector del kirchnerismo que aquí en Mendoza encabeza el diputado nacional Guillermo Carmona, quien participó de la mesa oficial) tomó la palabra Pablo Salinas, abogado del MEDH. “Estamos en un día histórico, agradecidos por la presencia de funcionarios como el ministro Rossi, el Gobernador, el diputado Carmona, funcionarios que no le tienen miedo a la expresión 'derechos humanos' y siguen el ejemplo de (el expresidente, fallecido) Néstor Kirchner”, expresó primero; en ese mismo instante despertó aplausos de la militancia presente. Salinas recordó cuando Kirchner le dijo personalmente que los represores debían ser juzgados por “jueces naturales”, se vino al presente y trajo a su discurso referencias a la causa que se está desarrollando en la provincia contra los jueces federales por su complicidad con la última dictadura. “Y tenemos sentado en el banquillo a Luis Miret, a quien el rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Arturo Somoza, que está aquí presente, no le renovó el contrato en la Facultad de Derecho”, sostuvo el abogado mirando con admiración al rector. “Y se está juzgando a Guillermo Petra, quien sigue asesorando a algunos jóvenes abogados, y a Otilio Romano, que fue extraditado de Chile gracias a la unidad de los organismos de derechos humanos locales”, advirtió enérgico.

Pero que estos hombres sean juzgados, “tiene un valor revolucionario”, consideró Salinas. “Esto significa que la justicia no solo llega a los ladrones de gallinas y que podemos tener otra justicia”, manifestó. Antes de terminar, avisó: “No es venganza lo que nos mueve, sino justicia y lucha contra la impunidad”.

Durante la hora que duró el acto hubo alusiones a un hecho político ocurrido un día antes, el mismo 24, en la provincia: la decisión del gobernador Francisco Pérez de entregar el D2 a los organismos de derechos humanos para que se transforme en un museo de la memoria, para que florezca la memoria. Que es, en definitiva, lo que se busca con la desclasificación de las actas de la dictadura.

El segundo archivo fue entregado a Pérez y el Gobierno de la provincia decidió dejarlo en la biblioteca San Martín, que queda en la Alameda, Ciudad. “Vamos a poner a disposición de la Justicia estas actas”, confirmó el Gobernador. En la causa Papel Prensa (donde se investigan delitos cometidos por los diarios Clarín y La Nación en el marco de la adquisición de las acciones de esa empresa, durante la última dictadura) fueron utilizados estos archivos encontrados en el Edificio Cóndor. Por lo tanto, se sospecha que pueden ser útiles para diferentes causas que se están desarrollando o se impulsarán en un futuro en todo el país.

Un portal abierto

Las actas pueden encontrarse en http://archivosabiertos.com/, un portal que el Gobierno lanzó hace unos días y en el que clasificó todas las actas. Hay seis tomos, que incluyen las actas de la dictadura y uno con las listas negras donde figuran personas que no eran del agrado del Gobierno militar, que por lo tanto estaban prohibidas o tenían peligro de muerte. Las listas incluyen tanto a artistas como a figuras de la política.