El proyecto que establece una reparación económica para los familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, fue convertido en ley por unanimidad, durante una sesión especial celebrada en la Cámara de Senadores de la Nación.

La iniciativa establece que los familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017 en el Mar Argentino, "tienen derecho a recibir una indemnización por grupo familiar", que será percibida por hijos o hijas en partes iguales y la o el cónyuge, siempre y cuando no hubiesen estado separados de hecho al día de la desaparición del submarino.

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Monto de la reparación económica

El beneficio extraordinario económico es equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A, Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), multiplicado por 100. De acuerdo con los cálculos actuales, ese beneficio superaría los 7 millones de pesos para cada grupo familiar.

Asimismo, el proyecto señala que el cobro del beneficio "importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto". Además, determina que el otorgamiento del resarcimiento "es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias".

El proyecto, por otro lado, establece que los familiares de los marinos fallecidos tienen un año para reclamar la indemnización.

 

El hundimiento

Aunque el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad, la discusión escaló entre el oficialismo y la oposición, que se acusaron mutuamente por la responsabilidad del hundimiento del submarino.

La nave, con 44 tripulantes, desapareció a mediados de noviembre de 2017 mientras realizaba un patrullaje por la zona económica exclusiva de la Argentina y fue encontrada un año después, a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.

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En el recinto

La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, la peronista chubutense Nancy González, cuestionó duramente al Gobierno de Mauricio Macri, ya que el submarino desapareció durante su mandato. También dijo que el submarino "no fue buscado por mucho tiempo" y que, luego, el rastreo se hizo "de manera irregular". Además, sostuvo que "nunca fue encontrado".

Por el contrario, la radical jujeña Silvia Giacoppo pidió que "se investigue a fondo, pero no solo desde el momento del accidente, sino desde que en septiembre de 2011 la entonces presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) dijo que se lo había reparado para que funcionara por treinta años".

El radical Julio Cobos trató de atemperar los ánimos y mencionó que se trata de un "homenaje" y de una decisión "justa" del gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, su coterránea del oficialismo, Anabel Fernández Sagasti, aseguró que el gobierno de Macri "montó un espionaje ilegal a los familiares de los marinos que buscaban justicia".