Citaron a indagatoria a Macri por la causa del ARA San Juan y le prohibieron salir del país

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“Pese a encontrarme fuera del país, como era y es de público conocimiento, vengo en tiempo y forma a presentarme en autos, sin que ello signifique reconocer ni consentir en el Sr. Juez las garantías que me confieren los artículos 18 de la Constitución Nacional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo hago convencido de mi absoluta inocencia en los supuestos hechos que se me pretenden atribuir y como derivación de mi respeto y sujeción a las instituciones de la República”, sostuvo Macri en la presentación a la que accedió esta agencia.

El exmandatario designó como abogados a Pablo Lanusse y Jimena Pisoni para que lo representen en esta investigación, en la que fue citado a indagatoria para el pasado 7 de octubre, audiencia que ya fue reprogramada para el 20 de este mes a las 10.

En cuanto a la prohibición de salida del país, el expresidente apeló esa decisión y pidió a Bava que le aplique a la misma “efecto suspensivo”, es decir, que no entre en vigencia hasta que sea analizada en instancias de apelación superiores.

La prohibición de salida "carece de todo tipo de fundamentación, y por ende aniquila y vulnera los derechos, principios y garantías de defensa en juicio, debido proceso, mínima intervención estatal, libre circulación y tránsito, principio de inocencia, proporcionalidad y razonabilidad", cuestionó en el escrito que firmó junto a al abogado Lanusse.

"Vivo con mi familia y desarrollo públicamente mi actividad política", sostuvo el expresidente, al considerar también que la decisión de disponer la “prohibición de salida de país resulta entonces huérfana de toda fundamentación relacionada a mi persona y situación, lo cual conculca los derechos, principios y garantías que me amparan y que informan el debido proceso y la defensa en juicio".

A Macri se le imputa que desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre de 2017 y finales de 2018 “ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos”.

“Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan”, según detalló el juez Bava en la resolución que emitió el 1 de octubre cuando convocó al exmandatario a indagatoria.

“Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes”, sostuvo el magistrado.

“Dichas tareas no contaron con autorización judicial alguna ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública, en esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno nacional encabezado por el ex presidente Mauricio Macri”, explicó en otro pasaje de aquella resolución a la que accedió Télam.

“Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu proprio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que, en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri”, había asegurado el juez Bava.

En este expediente ya fueron procesados los exdirectores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de quienes estaban a cargo de la base Mar del Plata de esa agencia a quienes el juez señaló como responsables de haber realizado maniobras de espionaje a sabiendas de que estaban prohibidas por ley.

Esta causa se inició hace más de un año a partir de una denuncia formulada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, luego de que dentro de ese organismo fueran halladas las pruebas del supuesto espionaje almacenadas en tres pendrives.