La Policía Federal allanó este miércoles las oficinas del Edificio Libertad, sede principal de la Armada, y de una empresa en el marco de una causa en la que se investigan posibles irregularidades en la contratación de los proveedores que participaron de la reparación del ARA San Juan, el submarino desaparecido hace 34 días con 44 tripulantes a bordo.

El allanamiento fue ordenado por el juez federal Sergio Torres en el marco de una causa abierta tras una denuncia presentada el viernes último por la diputada oficialista Elisa Carrió contra ex ministros de Defensa de la gestión kirchnerista por "asociación ilícita". 

A partir de una denuncia de Carrió, allanan el edificio de la Armada https://t.co/xdjRjGfrbc pic.twitter.com/csGVFLGPoy

— Notas de Actualidad (@notasdeactual)

20 de diciembre de 2017

El allanamiento fue realizado por la división de la Policía Federal que investiga delitos vinculados al lavado de activos, e incluyó a la empresa Ferrostaal Argentina, ubicada en Lima al 300 en el centro porteño.

Los procedimientos se realizaron en busca de documentación vinculada con las contrataciones de las empresas que se encargaron de la reparación de la flota de mar y submarinos, en distintos casos, además del ARA San Juan, tal como había denunciado Carrió. 

En su denuncia, la diputada y cofundadora de Cambiemos sostuvo que tenía información "para sostener no sólo que esas contrataciones no se ajustaron al procedimiento administrativo reglado, sino que además el personal militar a cargo de las mismas posiblemente haya incurrido en conductas ilícitas", entre 2005 y 2015.

Ultimo momento. La Division Lavado de Activos PFA con la Auditoria del Ministerio de Defensa están allanando la sede de la Armada y la Sede de la empresa Man Ferrostaal en Lima 355 por una causa contra la ex Ministra de Defensa Nilda Garré por la reparación del #Ara San Juan pic.twitter.com/WdgtBeb3YA

— Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto)

20 de diciembre de 2017

La diputada nacional sostuvo que las contrataciones se habrían realizado a través de procesos irregulares destinados a beneficiar a las empresas Hawker GMBH y Ferrostaal AG.

Los funcionarios acusados por Carrió fueron los ex ministros de Defensa y actuales diputados nacionales del FPV-PJ Agustín Rossi y Nilda Garré, como así también del ex ministro Arturo Puricelli, a quienes les endilgó los presuntos delitos "asociación ilícita", "defraudación contra la administración pública", "cohecho", "malversación de caudales públicos", "violación de los deberes de funcionario público" y "abuso de autoridad". 

En el escrito, impulsado por la fiscal Alejandra Mangano, Carrió también le solicitó a la Justicia que se investigue la conducta de las autoridades y representantes del Complejo Industrial y Naval Argentino (Cinar), formado por la integración de los astilleros Tandanor y Almirante Storni -ex Domecq García-, y por las entonces autoridades de la Armada Argentina.