A pocos meses de haber asumido el nuevo Gobierno, en  mayo de 2016, la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil solicitó a la Dirección General de Escuelas (DGE) que comprobara la autenticidad de todos los certificados de estudios secundarios del personal para que constatara su veracidad.

De a poco, la cartera de Educación fue devolviendo los documentos, que en su mayoría resultaron auténticos. Si bien aún falta la revisión y devolución de otros tantos, a la fecha han sido detectados 11 certificados apócrifos.

El director de Responsabilidad Penal Juvenil, Arturo Piracés, explicó que “cuando asumimos los mismos trabajadores nos manifestaban que en los últimos pases a planta habían muchas irregularidades. Por eso decidimos auditar todos y mandar a la DGE la documentación sobre su educación. Hasta el momento hemos encontrado 11 personas que adulteraron su certificado del secundario por lo que en tres años hemos declarado nulos esos pases a planta”.

Ante esta situación, Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes los denunció por falsificación de instrumento público.

Antecedentes

Durante la gestión del gobernador, Alfredo Cornejo, desde diciembre del 2015 a junio del 2019 se han cesanteado a alrededor de 400 agentes. De ellas 305 cesantías se realizaron por inasistencias injustificadas. Del ese total, 195 pertenecen a la DGE, 180 son celadores cesanteados y el resto administrativos.

Además hay en curso 772 sumarios más por inasistencias, algunos datan de la gestión de Celso Jaque, que se están tramitando en las oficinas de legales de sumarios de cada uno de los ministerios o subsecretarías.

Con la creación, en octubre del 2018, de la nueva oficina centralizada de sumarios todos los expedientes que se encuentran en proceso de investigación, que datan de esa fecha, se gestionan desde allí en lugar de realizarse como se hacía anteriormente en las oficinas de legales particular de cada ministerio o subsecretaría.

Actualmente, la nueva área ya ha elevado 50 sumarios. En 16 de ellos se ha sugerido la cesantía con dictamen de los agentes. Los legajos se encuentran a la espera de la resolución que les de curso. De esta manera la oficina se encuentra cumpliendo el objetivo de la ley de agilizar los procesos sumariales ya que los expedientes se están clausurando en un plazo de 5 o 6 meses, cuando antes un proceso de sumario rondaba los 4 años.