En medio del conflicto generado en Santa Rosa, durante la mañana de este jueves 14 apareció el intendente Sergio Salgado tras su decisión del cierre temporal del municipio. Quiso pasar desapercibido, evitó cualquier tipo de declaración y llamó a la Policía para desalojar a los manifestantes porque dijo que así no puede trabajar tranquilo. También pidió que la prensa se fuera del lugar y dijo estar armando el plan que le pidió el Gobierno de la provincia.

La situación del Municipio es crítica y, por el momento, se está llevando a cabo una sesión del Concejo Deliberante con el objetivo de resolver la situación y, a pedido del concejal Antonio Ponce (PD), crear una comisión investigadora. Se espera que se dé a conocer, durante el transcurso de la jornada, los nombres de quiénes integrarán esta comisión, entre ellos el presidente.

“La verdad es una sola: han violado la ley y se ha perdido dinero. El sueldo de los empleados no está, por lo tanto alguien se tiene que hacer cargo y quién más para hacerse cargo que el propio intendente”, dijo, exaltado, Antonio Ponce en diálogo telefónico con Unidiversidad. Es que al momento de la comunicación, Salgado llegaba al municipio y los empleados rodeaban su auto, le golpeaban las ventanillas y le reclamaban el pago de sus salarios atrasados.

Ponce esgrimió: "Él ha sido el responsable de que no se les pague empleados, de que se hayan hecho eventos cinco veces más caros de lo que valían. Él es el responsable de haber pagado obras tres veces más de lo que valían”.

Sin embargo, el concejal señaló que hay más de un responsable en esta situación, principalmente los gobiernos de Celso Jaque y Paco Pérez, por haberle transferido dinero sin pedir ningún tipo de rendición de cuentas.

En una entrevista realizada por Panorama U, el noticiero de Señal U, aseguró que Santa Rosa se ha transformado en una fábrica de muchos pobres y pocos ricos. “Hay contratos miseria de $1.000 y otros contratos, puntuales, millonarios”.

Así amaneció este jueves el municipio de Santa Rosa (Foto: @CeciliaSoriaPTS)

El edil también cargó contra el Tribunal de Cuentas al decir que “el único ente de control contable que tiene la Provincia es el Tribunal de Cuentas, que jamás obligó a hacer lo que correspondía. Tiene ejercicios no aprobados. Todavía estamos esperando que el Tribunal accione legalmente como corresponde y como es la obligación de ellos. Le hemos pedido que hagan auditorías urgentes y no las hace. Es su obligación. Ha sido cómplice de este desastre financiero, administrativo, contable y legal. Nadie ha respetado los pasos legales para comprar aunque sea un camión, o licitar una obra… Nadie se hace cargo de nada”.

Respecto de la sesión que buscará destituir al intendente, Ponce dijo que “se logre la suspensión (de Salgado) o no se logre, yo no quiero ser cómplice de este desastre. De ahí que cada concejal se haga cargo, si va a ser cómplice o no. Yo desconozco cómo va a actuar cada uno”.

Denuncias contra el intendente

Existen en la Fiscalía de Estado, desde hace cuatro meses, cuatro denuncias legales contra Sergio Salgado por parte del Concejo Deliberante. Dos de ellas están relacionadas con la emisión de 300 cheques sin fondos. En un principio, 240 de estas maniobras habían sido advertidas por el Banco Nación, entidad que dio aviso al Tribunal de Cuentas. Luego, este organismo le pidió a la Fiscalía de Estado que se investigue a Salgado por esas irregularidades, las cuales se comprobaron y, en consecuencia, el fiscal Fernando Simón mandó las actuaciones a la Justicia Penal. Es decir que quedó comprobado que Salgado libraba cheques a pesar de que el Banco Nación le enviaba cartas documento informándole que no era posible acreditarlos por falta de fondos.

Pocos días después de la primera denuncia, llegó a la Fiscalía de Estado una ampliación con otros 60 cheques rechazados  más, llegando al total de 300. Entre esos instrumentos de pago, había uno que fue negociado con el sistema financiero, por lo que le refinanciaron con una mayor tasa de interés. Esta maniobra, dentro del Estado, es un delito, por lo cual también fue remitida a la Justicia Penal.

La tercera denuncia es por no dar respuesta ante los requerimientos. En agosto de 2015, la Fiscalía le pidió a Salgado muchas explicaciones sobre situaciones que denunciaba el Concejo Deliberante. Como no contestó ninguna de ellas, lo denunciaron otra vez en la Justicia Penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Por último, la cuarta acusación es por un convenio que el municipio de Santa Rosa firmó con el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (ISCAMEN). Según el fiscal Simón, este acuerdo es irregular por tener ciertas cosas que no son muy claras, entre ellas, deudas para el municipio de Santa Rosa. Además, los concejales de la oposición dicen que ellos nunca lo aprobaron, por lo que se giró también a la Justicia Penal.