Anunciar obra pública en una provincia es una buena noticia para cualquier gestión. Este jueves 20 de abril, el Gobierno presentó el llamado a licitación para la construcción del penal provincial Almafuerte II, que el Ejecutivo quiere tener listo en 2018 y demandará una inversión de 1240 millones de pesos. Aunque la noticia se presentó con “bombos y platillos”, dejó un sabor agridulce, porque muestra a las claras que hay un problema social de fondo que aún no se logra resolver: el aumento de la población carcelaria.

Los encargados de dar la noticia fueron el ministro de Economía, Energía e Infraestructura, Martín Kerchner, y su par de Seguridad, Gianni Venier. Según explicaron, se tratará de una cárcel de “última generación“, que cumplirá con los requerimientos y necesidades de la política carcelaria y que podrá albergar a 1046 reclusos. El diseño está pensado para operar como un “generador de conducta”.

“Habrá 48 celdas (para presos) de alta peligrosidad y los módulos tendrán una separación física y visual. Hace diez años que no se hacía el anuncio de una cárcel, pese a que aumentó la población carcelaria”, argumentó Venier, quien reveló que desde que se aplica la Ley de Prisiones Preventivas aumentó el promedio de personas detenidas: hay 500 reclusos más en comparación con los que había antes de la implementación de la normativa.

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Recibió el apoyo del oficialismo y del FpV en general, aunque en particular el peronismo cuestionó algunos aspectos. En cambio, el FIT votó en contra de todo el proyecto. Hay preocupación por la situación carcelaria de la provincia.

Por su parte Daniel Chicahuala, secretario de Infraestructura, explicó que el complejo penitenciario tendrá una superficie total de 40 hectáreas, donde habrá dos módulos de mínima seguridad, dos de seguridad media y un módulo de máxima seguridad. El concepto de módulo, indicaron, hace referencia a que la construcción implicará separar a los reclusos en lugares de menor capacidad, lo que implica mayor seguridad para ellos y para los penitenciarios. Además, una de las "bondades" de la construcción es que permitirá alojar también a mujeres.
 

Metodología

Las empresas que quieran licitar deberán prever una participación local mínima del 30 % del monto total de la obra, mientras que en las UTE mixtas, es decir, con participación nacional y extranjera, ese porcentaje deberá ascender al 51 %. El detalle no es menor y el mismo Kerchner justificó esta decisión. Se trata de hacer una especie de “compre mendocino” para aprovechar la producción e inversión locales. Las empresas deberán presentar los planes de financiamiento y luego la provincia decidirá cuáles son los que más convienen.

El funcionario resaltó que la obra demandará el trabajo de 800 personas y, una vez construido, se necesitarán 550 empleados entre administrativos y penitenciarios. El encargado de las obras de la provincia se entusiasmó al decir que habrá más trabajo en la provincia y lo comparó con las obras en el aeropuerto El Plumerillo durante 2016.  
 

Más cárceles

Kerchner anticipó que en los próximos días anunciarán el llamado a licitación de la cárcel federal, el proyecto que está frenado desde el año 2014. La obra tiene capacidad para 500 reclusos y fue considerada como uno de los "desafíos pendientes" de la gestión de Mauricio Macri. El funcionario señaló que ya se terminó la etapa de estudios técnicos, pero que la presentación se demoró porque todos los esfuerzos estuvieron abocados en avanzar en Almafuerte II. 

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Los ministros justificaron la realización de los nuevos complejos en que permitirán descomprimir el sistema penitenciario y mejorar las condiciones para la resocialización de los detenidos. “Es difícil mejorar la resocialización cuando al lado hay otro violento”, admitió el ministro Venier. A esto, agregó que tienen en vista otros proyectos en los muncipios e incluso señaló que en algunas dependencias se reemplazó a los policías por penitenciarios, para mejorar las condiciones de los internos y su contacto al momento de volver a la calle.