La suspensión de Dilma Rousseff por 180 días para iniciar las investigaciones del juicio político y la asunción del vicepresidente Michel Temer como presidente provisional generan una gran cantidad de interrogantes sobre la situación institucional de Brasil. La relación de la crisis con Argentina, el futuro del país carioca y el sistema político que podría destituir a la presidenta brasileña son algunas de las respuestas que el abogado Pablo de Rosas dio a Unidiversidad Noticias.

De Rosas es especialista en asuntos internacionales y aseguró que la situación institucional de Brasil es la primera que se vive en ese país desde 1990. En este sentido, afirmó que se trata de un proceso constitucional dentro de las normas de ese país, que los países latinoamericanos deben observar con atención. Incluso resaltó la sugerencia de la OEA de hacer un pedido consultivo para ver si el procedimiento es legal.   

El abogado dijo que el sistema de alianzas se basa, principalmente en países de América Latina, en frentes creados sólo para ganar elecciones. En el caso de Brasil, cuando un Gobierno llega, el partido debe mantener las expectativas de la población o “empieza a fracasar”. “En las alianzas multiideológicas, como pueden ser de partidos de derecha e izquierda, la pérdida de popularidad del representante de la alianza puede significar el inicio de un juicio político por falta de apoyo parlamentario”, espetó.

Es por esto que el abogado considera que el sistema de las alianzas debería reformularse porque tiene que ser parte del Gobierno distribuyendo las responsabilidades. “El problema de Dilma fue cuando el vicepresidente le propuso una apertura del Gobierno, es decir ampliar la alianza, y no se hizo. Entonces el fracaso de la política económica recayó sobre ella”, explicó.

En cuanto a los pasos que seguirá el juicio, De Rosas indicó que será como cualquier otro. Se nombrará una comisión acusadora; Dilma tendrá que presentarse, defenderse personalmente o con un abogado; luego vendrán los alegatos y finalmente la sentencia, que puede ser condenatoria o absolutoria. Si fuera destituida, el vicepresidente Michel Temer se quedará en el cargo hasta que termine el mandato, en 2018.

Para el especialista en cuestiones internacionales, la presidenta suspendida jurídicamente no cometió un delito, pero al tratarse de un juicio político, este podría prosperar. “El tema de la reasignación de partidas es muy importante porque tiene base constitucional. Para ellos constituye una violación constitucional, a pesar de que haya sido con buenos fines”, concluyó.

Producción: Juan Manuel Stagnoli