El represor Alfredo Astiz, condenado por delitos de lesa humanidad, figura en una lista de 1 436 detenidos que se encuentran en condiciones de acceder a "medidas alternativas de prisión", como el arresto domiciliario. El listado -en el que también estarían incluídos más de 90 represores- fue realizado supuestamente con el objetivo de "resolver el problema de la superpoblación carcelaria". Al trascender la noticia, organismos de derechos humanos, entre otros referentes en la materia, repudiaron la aplicación de este criterio.

La sobreviviente del centro clandestino de detención "El Atlético" e hija de Esther de Careaga habló sobre lo que implica para el país que el represor obtenga la prisión domiciliaria. "Quieren echar por tierra todo lo que se ha logrado en materia de derechos humanos", dijo.

El condenado

Astiz, preso en el penal de Ezeiza por dos cadenas perpetuas, tiene 67 años y padece cáncer de próstata, por lo que podría ser beneficiado con el arresto domiciliario.

Sin embargo, el genocida que formó parte de los grupos de tareas que operaron en la ESMA, nunca pidió cambiar sus condiciones de detención.  El Tribunal Oral Federal 5, que lo condenó en 2011 y en 2017 por crímenes de lesa humanidad, es el que debería resolver sobre cualquier pedido que Astiz formule sobre esas condiciones.

El marino fue hallado culpable, entre otros delitos, de los secuestros de la ciudadana argentina de origen sueco Dagmar Hagelin y de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, capturadas y desaparecidas junto a un grupo de personas que reclamaba por la suerte de los detenidos en 1977. 

Por el caso de las monjas, fue condenado a perpetua en Francia mientras en la Argentina regían las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.  No podía ir a la cárcel en el país, pero si salía de las fronteras, sería detenido, pero la anulación de las leyes en 2003 reactivó las causas en su contra y así pudo ser condenado.