Seis días después de que una grupo de vecinos del paraje tunuyanino de La Remonta reclamara en la puerta de Tribunales Federales por una respuesta a los amparos presentados se produjo un acto judicial determinante para ellos. El juez federal Marcelo Garnica ordenó parar el proceso de remate de las tierras públicas de La Remonta ubicadas en el Valle de Uco. Concretamente, el magistrado dio lugar a un pedido de una veintena de puesteros residentes en los valiosos terrenos del departamento de Tunuyán.

En tribunales, vecinos de La Remonta dijeron no al remate

Los habitantes de La Remonta se concentraron una vez más en repudio al decreto 225/17, que autoriza a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a poner a la venta territorios de Campo Los Andes, en Tunuyán.

Es la primera medida judicial que le da razón al reclamo de los habitantes de la región, tras darse a conocer la intención del Gobierno nacional de subastar esas enormes parcelas cordilleranas de un gran potencial productivo y económico.

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Son 4500 hectáreas ubicadas en el Valle de Uco. El objetivo es que los privados implanten vid. Las autoridades de esa fuerza y del Ministerio de Defensa estudian la idea.

La resolución tuvo en cuenta la posición de inferioridad de los puesteros frente a las acciones que ya se vienen ejecutando en la región. Los argumentos escritos de los abogados Fernando Armagnague y Pablo de Rosas encontraron eco en el razonamiento jurídico de Garnica, que subroga en este caso en el Juzgado Federal N.º 2 de Mendoza.

De acuerdo a lo comentado por De Rosas, quien se presentó en Tribunales Federales esta mañana para notificarse de la decisión judicial, ya se han ejecutado mensuras de suelos y los puesteros han registrado el riesgo de perder sus espacios vivenciales, al suponer que, tras estas mediciones, sobrevendrán los desalojos.

El punto es que el decreto presidencial firmado por Mauricio Macri el 4 de abril, que ordenó el proceso de traspaso a privados de estos terrenos hoy en manos de la Nación, no especifica estas medidas preparatorias de remate advertidas por los demandantes.

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Por eso, el juez entiende que los puesteros y sus familias son un sector vulnerable de la población del lugar y se les debe respetar el derecho del acceso a la justicia, tal como lo establecen “las reglas de Brasilia y la Convención de Derechos Humanos”.

Lo curioso es que Garnica, además de decidir el amparo y la detención de cualquier acción en la zona tendiente a la venta de las tierras, a la par se declara incompetente, aduciendo que el domicilio de la demanda, es decir, la Administración de Bienes del Estado, tiene sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Los abogados de los puesteros consideran que el juez cayó en una contradicción, ya que, por un lado, admite el amparo para asegurarle el acceso a la justicia al demandante, y por otro se lo niega al declararse incompetente y mandar la causa a 1000 kilómetros del lugar del conflicto, lo que dificulta aún más el acceso a la justicia de los puesteros.

De todos modos, el amparo que frena el tránsito de la subasta de tierras en el Valle de Uco se basa en que, antes que nada, se debe conocer la legalidad y la constitucionalidad del decreto nacional que autorizó este trapaso de tierras fiscales a manos privadas.

Como conclusión, De Rosas remarcó que las familias que reclaman el freno de los efectos de decreto en cuestión no se oponen al desarrollo del espacio, pero sí que se les respeten los derechos como antiguos habitantes de esos mismos parajes andinos, ahora tan codiciados por su fertilidad y expectativa de grandes inversiones agrícolas, como las que ya existen en otras zonas del Valle de Uco.

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