La tasa de garantía de ILE/IVE en Mendoza está por debajo de la nacional

Sociedad

La solicitud consultaba por cantidad de consultas y prácticas de ILE/IVE, campañas de difusión sobre el derecho al aborto, efectores sanitarios que practiquen las intervenciones, el trabajo de las obras sociales y canales de denuncia o reclamo ante el incumplimiento. La respuesta del Ministerio, aunque se organizó “punto por punto, fue imprecisa en ciertos aspectos, confusa en otros y, cabe enfatizar, omisiva por completo en otros”.

Ante este panorama, Amnistía y Líbera solicitaron la intervención de la Dirección de Investigaciones Administrativas de la Auditoría de Ética Pública, el organismo provincial que debe garantizar el derecho de acceso a la información. Sin embargo –reclaman–, “dicho organismo rechazó el planteo y convalidó la falta de acceso a información central para monitorear la implementación de la ley y garantizar el efectivo acceso a la salud de las mujeres, niñas y personas gestantes de la provincia”. “La resolución del recurso ameritaba una lectura atenta y desglosada de la respuesta del Ministerio, y una resolución en consecuencia de su mandato legal de promover el acceso a la información pública, lo que no ocurrió”, sostienen.

Por todo esto, ya el 31 de marzo de 2022, y dentro de los plazos legales, Amnistía entendió agotada la vía administrativa y presentó una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Pidió que se revisara el accionar ilegítimo del auditor general para restablecer el derecho a la información vulnerado.

 

 

 

 

 

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Si bien el artículo 4 de la Ley 9070 establece que “toda persona humana o jurídica, pública o privada tiene derecho a solicitar y acceder a la información pública, no siendo necesario acreditar interés legítimo ni derecho subjetivo”, la organización solicitante, Amnistía Internacional, cuenta con una amplia trayectoria “en materia de promoción y defensa de derechos humanos en general, y derechos sexuales y reproductivos en particular”, sostienen en la demanda. “Acceder a información completa y precisa sobre el grado de implementación de la Ley 27610 es un derecho de todas las personas; así como producir y publicar la información necesaria para la implementación de la norma es una obligación del Estado en sus diferentes niveles y de acuerdo a sus competencias”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.

Mendoza no es la única provincia donde Amnistía ha buscado conocer el estado de implementación de la Ley 27610. Ha presentado algunas solicitudes en las 25 jurisdicciones “con competencia en la implementación de la ley” –23 provincias, CABA y el Ministerio de Salud de la Nación– y otros pedidos de información en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y la Anmat.

En este marco, a fines de 2021 publicaron el informe "No se ejerce un derecho que se desconoce", “que da cuenta de la falta de campañas de información como una barrera para el acceso al derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo”.

En el mismo sentido, se manifiesta una investigación inédita realizada por Amnistía y Líbera. Concluyó que en Mendoza “no existe información de acceso público para que las personas gestantes sepan que el servicio de interrupción del embarazo existe y dónde se garantiza, lo que contribuye a estigmatizar el aborto y reforzar estereotipos y prejuicios”.