Reproducimos el comunicado de prensa de Amnistía Internacional del 23 de septiembre, frente al inicio del 68º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que pide a la Argentina que sostenga la defensa de los derechos humanos.
Ante el inicio de un nuevo
período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional pidió al gobierno
argentino que el país “continúe ejerciendo un rol de liderazgo en la
defensa de los derechos humanos a nivel mundial”.
Mañana comenzará el debate general del órgano deliberativo
principal de la ONU, en el cual los 193 países miembro están
representados de manera igualitaria. Amnistía Internacional utilizó la
oportunidad para detallar, en una carta enviada a la Cancillería, las
cuestiones prioritarias para la organización y pidió apoyo a la
Argentina en el impulso de esos temas.
Entre los puntos más importantes, Amnistía solicitó al país
que contribuya a “garantizar que las resoluciones sobre países incluyan
disposiciones sólidas sobre derechos humanos”. También reclamó a la
Argentina que colabore en la adopción de “medidas concretas y efectivas
para
garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos en distintas partes del mundo, como
Corea del Norte,
Irán e
Israel y los Territorios Palestinos Ocupados”.
En la carta, que fue dirigida a los directores de Derechos
Humanos y de Organismos Internacionales de la Cancillería, Federico
Villegas Beltrán y Pablo Tettamanti, respectivamente, Amnistía
Internacional también se refirió a la situación en Siria, para pedir que
en la Asamblea General se inste al Consejo de Seguridad a que habilite
la intervención de la Corte Penal Internacional.
La organización ha reclamado reiteradamente que las
responsabilidades de todas las partes por los crímenes de guerra y de
lesa humanidad sean investigadas por la Corte Penal Internacional, cuya
intervención garantizaría que no haya impunidad y, en consecuencia,
sería una contribución fundamental en el objetivo de desactivar el
conflicto armado en ese país, que ha provocado un enorme sufrimiento
humano en los últimos dos años y medio.
Con la “Agenda para el Desarrollo después de 2015” como tema
principal de la Asamblea General, Amnistía Internacional señaló que los
estados miembros de la ONU “tienen ante sí una oportunidad excepcional
de promover las iniciativas internacionales destinadas a garantizar
derechos humanos, paz y desarrollo para todas las personas”.
Justamente, con el objetivo de presionar a los gobiernos para
que los derechos humanos no sean dejados de lado en la implementación
de los Objetivos de Desarrollos del Milenio y en la Agenda para el
Desarrollo después de 2015, el secretario general de Amnistía
Internacional, Salil Shetty, estará presente la semana próxima en el
inicio de la Asamblea General.
Shetty también pedirá a los estados que firmen y ratifiquen
el Tratado de Comercio de Armas, adoptado este año por las Naciones
Unidas, de modo que entre en vigencia lo más rápido posible. Argentina
fue el primer país en firmar el 3 de junio de este año el tratado, cuyo
trámite de ratificación está pendiente por el Congreso argentino.
En la carta enviada a la Cancilllería, Amnistía Internacional
también pidió la colaboración del país para, entre otros puntos,
exigir nuevas mejoras en la situación de los derechos humanos en
Myanmar; expresar con claridad su apoyo a la
Corte Penal Internacional (CPI); afianzar la
jurisdicción universal
y reiterar la obligación de todos los Estados de ejercer su
jurisdicción sobre los crímenes de derecho internacional (incluidos los
crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, la
tortura y las desapariciones forzadas), con independencia del lugar
donde se hayan cometido y de la nacionalidad de los presuntos autores y
de las víctimas; transmitir un claro mensaje a favor del respeto, la
protección y la promoción de los
derechos de las mujeres; defender las más sólidas garantías que establezcan el
respeto de los derechos humanos durante la lucha contra el terrorismo;
y comprometerse en particular a no utilizar medios letales contra el
terrorismo, salvo en los casos permitidos por el derecho internacional
humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.