En Mendoza, las barreras para acceder a un aborto son territoriales, materiales y humanas

Sociedad

Y sostuvo que, "en un país afectado por una profunda crisis socio económica, la violencia se presenta a través de diversas manifestaciones". Entre ellas, la organización que encabeza puntualizó: la violencia digital, los femicidios y crímenes de odio, la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, el acceso al derecho al aborto y la violencia institucional.

Sobre femicidios y crímenes de odio, la organización indicó que, "en 2021, se registró un femicidio cada 35 horas. El 81% de las 251 muertes se produjo en contextos de violencia doméstica. Al menos el 17% de las víctimas habían efectuado denuncias formales contra los sujetos activos. Cifras relevadas por la sociedad civil para 2022 reflejan incluso un aumento de los casos". En 2022, de acuerdo al monitoreo de la sociedad civil MuMaLá se registraron 233 femicidios, citó Amnistía Internacional.

En ese sentido, la organización advirtió que "se minimizan los testimonios de mujeres que se animan a denunciar, o aquellos en los que no se constata la vinculación del denunciado con antecedentes de denuncias previas; se evalúa indebidamente el riesgo al que estaba expuesta la mujer y no hay perspectiva de género por parte de los operadores del Poder Judicial y policial".

A su vez, desde el organismo destacaron que hubo "importantes avances legislativos en materia de derechos de las personas LGBTI+", como la Ley 27.636 de Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgéneros, el decreto sobre DNI No Binario 476/202126 y la ley de Acceso a la IVE/ ILE con perspectiva de diversidad.

Sin embargo, advirtieron que "es una población que continúa enfrentando discriminación y violencia: en 2021 se registraron al menos 120 crímenes de odio contra personas por su orientación sexual, identidad y/o la expresión de género 27. El 80% de esos ataques fue contra mujeres trans".

En tanto sobre el acceso al derecho al aborto, señalaron que "aún persisten barreras" relacionadas con "la falta de información y calidad de la prestación, la falta de disponibilidad suficiente de servicios de salud sexual y reproductiva, en especial en zonas alejadas de las capitales", y "se registran situaciones de violencia y maltrato, tanto en el sector público como en el privado", a pesar de que la consagración del derecho al aborto con la Ley 27.610 en la Argentina en diciembre de 2020 constituyó un paso histórico en la realización de los derechos humanos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar.

"Si bien en los primeros dos años de implementación de la norma se registraron 132.754 prácticas en centros de salud públicos de todo el país, aún persisten barreras en el acceso a este derecho", destacaron.

En cuanto a violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, desde el organismo recordaron que, según UNICEF, "al menos 1 de cada 10 niñas y adolescentes sufren violencia sexual en Argentina" y que la Educación Sexual Integral "es fundamental para fortalecer los mecanismos de detección temprana y denuncia de casos de violencia y abuso sexual y para prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia".

Sobre violencia digital, detallaron que "una de cada tres mujeres vive situaciones de abuso o acoso en las redes sociales" lo que conlleva, por un lado, "a una afectación en su salud e integridad física y, por otro, a un grave efecto aleccionador dirigido a censurar y silenciar", concluyeron entre otros puntos centrales.