El coordinador de Planeamiento Estratégico de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Luis Lázzaro, será uno de los principales oradores que participarán de la II Jornada Regional sobre Televisión Digital Abierta (TDA) que organiza la Universidad de Cuyo para este martes 18 de setiembre. La misma se llevará a cabo en el Espacio de la Ciencia y la Tecnología, a partir de las 9.

“Ciudadanía y comunicación en los tiempos de la convergencia tecnológica”, será el eje que trabajará el referente en el encuentro. En comunicación con Edición Cuyo anticipó algunos de los planteos que pondrá en manifiesto durante su disertación.

“Vivimos en una revolución cultural producida a partir del impulso social y político que tuvo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), conjuntamente con el despliegue de la Televisión Digital, y bajo supuestos de acceso democrático e inclusivo a la comunicación en tanto derecho humano”, a este contexto comunicacional y cultural del país que describe Lázzaro, es que le suma la necesidad de pensar la televisión “en tiempos de convergencia”.

Para ello, dice que es necesario conocer y reflexionar acerca de los alcances y beneficios sociales, culturales y técnicos que presentan iniciativas surgidas en el seno de la misma LSCA, o vinculadas de manera inherente a la norma: la adopción del estándar ISDBT de televisión digital y la puesta en marcha de la plataforma de TDA, conjuntamente con los programas Conectar Igualdad, Mi PC y la red de fibra óptica de Argentina Conectada, con proyecciones a una estrategia regional mediante redes de integración sudamericana de líneas de alta velocidad. "Además de las recientes decisiones tomadas por el Estado nacional acerca de la telefonía celular", según detalló.

Una vez delineados los ejes de su presentación en las II Jornada Regional sobre Televisión Digital Abierta, el coordinador de Planeamiento Estratégico de Afsca se dispuso a responder acerca de la actual situación de la LSCA. En un primer lugar calificó de “muy importante” para la completa aplicación de la norma el último fallo de la Corte Suprema de Justicia que fijó para el 7 de diciembre de 2012 el ultimátum para la desinversión de los grupos monopólicos.

“El proceso de aplicación que ya se viene trabajando –reflejado en la realización de mayores contenidos en productoras locales y regionales en todos los formatos, ya sean  documentales o de ficción, y en el importante movimiento en los polos y en los nodos de la televisión digital- se profundizará a partir de la primera semana de diciembre, ya sobre un escenario real de igualdad, competencia y pluralidad con participación de todos los actores de la sociedad”, expresó.

Sin embargo, desde los mismos medios que nuclea el Grupo Clarín se aduce que a partir de esa fecha empieza a correr el plazo de un año para adecuarse a la ley, y no que se concluye el tiempo estipulado…

Ese un tema de interpretación jurídica, llegado el caso corresponderá a la máxima autoridad intervenir desde el punto de vista jurídico. Esa interpretación que hace es una de sus nuevas artimañas para no adecuarse a la ley, pero no tiene asidero.

Está claro que no existe voluntad política de este sector corporativo de cumplir con las instancias de la ley, siempre trató de desconocer sus posibilidades y su existencia desde el momento mismo en que se puso en debate en la Cámara de Diputados de la Nación. Luego impidiéndola y tratando de que no tenga reconocimiento por las vías de impugnación de diferentes legisladores de la oposición,  incluyendo al diputado Enrique  Thomas,  hasta que finalmente la Corte dio fin a esa  esa especulación. Y por lo tanto, la ley obtuvo vigencia en todo el país.

No hay voluntad política de este grupo de vivir dentro de la legalidad, y está más claro aun de que sí hay voluntad política por parte del Gobierno nacional de tratar de que la ley sea igual para todos los ciudadanos y para todos los sectores, sin importar el poderío económico que ostenten.

Desde los sectores opositores a la LSCA se pretende instalar la idea de que la norma promueve el fin del monopolio empresarial pero promueve la habilitación de un monopolio estatal. De hecho Clarín asegura que el 80 por ciento de los medios pertenece al Gobierno nacional  ¿Qué hay de cierto en esa conjetura?

Le ley establece un régimen público, otro privado de carácter comercial y otro de carácter no comercial. Todos equitativos en cuanto a los espacios designados. Dentro del régimen público conviven una serie de expresiones que no son solo del Gobierno nacional, están las provincias, las universidades, los municipios y los pueblos originarios. En donde la referencia política de cada uno de ellos es la decisión electoral con que han sido elegidos, desde la presidenta de la Nación hasta cada uno de los gobernadores e intendentes; en el caso de las universidades, los claustros; y en el caso de los pueblos originarios, las formas de decisión de cada comunidad.

Por otra parte, cuando hablamos de Clarín, es evidente que si uno mira las cifras económicas de la facturación por abonados y por distintos servicios estamos en presencia de un grupo económicamente poderoso y que además detenta una posición hegemónica y monopólica en el sector del cable, que a su vez es funcional a otros negocios conexos como son los servicios de conexión a internet,  servicios de televisión de alta definición. Es un conjunto de servicios que están atados a esa posición monopólica que fue conseguida gracias a la presión sobre el mercado y el poder político en la década anterior.

De manera que está fuera de lugar que se hable de un monopolio de Estado, la capacidad de generación de contenidos estatal frente a lo que produce la totalidad del sistema privado de medios es absolutamente inferior.

¿Cuáles son las principales dificultades que se le presentan a los medios alternativos, comunitarios y populares para acceder a la porción que les corresponde?

Las dificultades tienen que ver con la situación que generó este estado de cosas de la concentración, no solo de la propiedad de los medios sino del negocio y la renta económica de la comunicación audiovisual que está siendo apropiada claramente por un sector monopólico, y por otros grupos más que están dentro de esa lógica de concentración y acumulación.

Eso ha tenido varios efectos, primero ha generado públicos cautivos porque no existen opciones sobre otros servicios. Me refiero a televisión por cable o servicios de Internet, que a su vez al tener una plataforma multimedia hacen una sinergia empresaria de negocios con los medios gráficos, con los radiales y con las televisoras de aire.

Entonces es muy difícil para los medios de carácter social -o que presentan una lógica distinta a la del mercado- poder realmente conseguir las condiciones de gestión básica para empezar a ocupar ese 33 por ciento. Por eso, creo que es el momento para discutir un conjunto de políticas públicas que al mismo momento que avanzan sobre la aplicación de la ley en términos de dar fin a los monopolios, también permitan consolidar y avanzar el desarrollo de esa porción. Y hacia allí vamos, para eso es imprescindible la existencia de espacios de debate y proposiciones.