No fue una buena semana para intentar restablecer a la minería metálifera o a gran escala dentro de la matriz productiva de Mendoza. Era lógico: el miércoles 14, el mismo día en que se conoció el nuevo incidente ambiental en la mina de Veladero, aqui se conocieron varias conclusiones sobre cómo reinstalar la actividad en Mendoza. Curiosamente, parecieron también definiciones anticipadas para el suceso sanjuanino que ocurrió el jueves 8, pero que se blanqueó seis días después.
 

Razonamientos mendocinos

Hay que rediseñar e invertir en los controles de la producción. Esto se transparentó en una explicación de Silvia Jardel, la gerenta del Consejo Empresario de Mendoza (CEM) en la UNCUYO, quien dejó en claro que los perjuicios de la actividad están directamente relacionados con la calidad institucional.

Puso como ejemplo proyectos mineros similares desarrollados al mismo tiempo en dos países, Perú y Ghana. Para el país sudamericano hubo beneficios y para el africano, grandes daños. También hubo un aporte de orden sociológico y en ese tren se diferenciaron dos conceptos: “peligro” no es lo mismo que “riego”.

Para el especialista Alberto Manzur, “peligro” es la amenaza que no se puede enfrentar racionalmente y produce miedo. En cambio, “riesgo” representa un esfuerzo por tomar medidas preventivas, controlar la posibilidad con métodos y preparar acciones de contigencias. Lo que entienden en el Gobierno es que es un gran desafío comunicacional mutar los mensajes que imprimen peligro por la idea de controlar el riesgo de la actividad minera.

También es interesante la graficación del actual conflicto minero, que se muestra como un ovillo con dos puntas y en la medida en que se tire de cada extremo no se desmadeja sino que, al contrario, se anuda más y se concentra más el ovillo minero.

Por otro lado, ese mismo día se dio a conocer el mapa de las áreas protegidas en Mendoza donde se hizo ver, por ejemplo, que la región del Valle de Uco es intangible para la minería y en especial la zona central de nuestra cordillera. Y el lugar con más aptitudes de desarrollo para la actividad, se concluyó, es Malargüe.

Después del 14 de septiembre al Gobierno mendocino le quedó claro que no hay chance para el uso del cianuro, que está prohibido por la ley 7722. Y que justamente no es tiempo de cuestionar la norma criticada por las empresas y que aparece como garantía contra la minería metalífera a gran escala.

El subsecretario de Energía Emilio Guiñazú celebró el 13 de septiembre (el día del año del primer derrame) el convenio para que la minera brasileña Vale vendiera su proyecto de extracción de silvita –el mineral– y producción de cloruro de potasio, uno de los agroquímicos para el cultivo de la soja. Pero al otro día tuvo que lamentarse por los efectos del nuevo derrame de la Barrick y sintió como que había que recomenzar el camino cuesta arriba para la reinstalar la minería.